La Junta Electoral estima que incumple la ley al pagar una estrategia discrecional con dinero público

Feijóo, obligado a la retirada de una campaña publicitaria

Dos de los carteles de la campaña publicitaria que la Xunta deberá retirar.
La Junta Electoral de Galicia requirió al Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo que cese en la campaña publicitaria durante el período electoral, tras un recurso presentado por el BNG por la supuesta vulneración de la Ley Orgánica de Régimen Electoral.
El recurso está relacionado con la inserción discrecional por parte de la Xunta de diversos anuncios en medios de comunicación dentro de la campaña que lleva por título genérico 'Paisaxe galega, unha tarefa de todos'. Según la organización política frentista, 'tal como le solicitaba el BNG la Junta Electoral acordó requerir a la Xunta para que cese en la difusión de la campaña y a tal efecto le recuerda al Gobierno gallego la vigencia do artículo 50 de la Lorex'.

En virtud de esta ley, las campañas institucionales de carácter informativo sólo son posibles cuando tienen como objetivo salvaguardar el interés público o garantizar el desarrollo de los servicios públicos.

El pasado viernes, PSdeG y BNG habían coincidido en reclamar al Ejecutivo la retirada de la campaña mencionada. La responsable de Política Institucional del PSdeG, Laura Seara, afirmó ese día que 'Feijóo no va a jugar limpio en las elecciones', y señaló que el presidente de la Xunta 'incumple la ley que regula la poblicidad institucional' y prohíbe la inserción de campañas publicitarias desde el momento en que se convocan las elecciones.

Seara recordó que esta normativa electoral fue modificada con los socialistas en el gobierno gallego y fue acordada por todos los partidos, incluido el Partido Popular.

Los baremos con los que se desarrolla la campaña ponen de manifiesto que el Gobierno gallego está utilizando el dinero público de manera discriminatoria para lograr un buen trato de los medios. Con esta estrategia, el Ejecutivo de Feijóo desarrolla un trato discriminatorio con los ciudadanos, a los que beneficia o penaliza en función de su provincia.

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