El conselleiro de Economía, José Ramón Fernández Antonio, aseguró hoy en la Cámara autonómica que la nueva ley sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, que eximirá de tributar al 90 por ciento de las herencias, será 'más justa' y supondrá un paso para la 'equidad, progresividad y eficiencia' en Galicia pero el BNG advirtió de que 'hay que seguir trabajando para mejorarlo'.
En el Pleno celebrado hoy en el Pazo do Hórreo, la Cámara rechazó la enmienda a la totalidad presentada por el PP con 38 votos en contra, correspondientes a los grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno, y 37 a favor, del PPdeG,
Al respecto, Fernández Antonio justificó que esta reforma contribuirá a la equidad 'incrementando la capacidad económica', al tiempo que 'redistribuye la riqueza'.
Asimismo, el titular de Economía aseguró que favorecerá 'la lucha contra el fraude' y será 'más justo', debido a que gravará a las economías personales con mayor capacidad de pago y que hayan aumentado sus rentas sin esfuerzo, es decir, sin estar basadas en el trabajo.
MEDIDAS.
De este modo, dejarán de tributar los patrimonios familiares inferiores de 675.000 euros y se favorece la permanencia de las empresas intergeneracionales, ampliando al cuarto grado la eliminación de los tributos en las pequeñas y medianas empresas, lo que 'favorece la competitividad a las empresas con un papel esencial en Galicia', así como se extiende al cuatro grado a los entes familiares y a las explotaciones agrarias.
Del mismo modo, supone una 'significativa reducción' para las empresas gallegas con la actualización de las tarifas mínimas, que pasan del 34 al 18 por ciento en las herencias patrimoniales y del 34 al 9 por ciento en las donaciones, que conlleva 'la eliminación de la competencial fiscal' y 'dinamiza la inversión'.
La reforma prevé eliminar la tributación en el caso de los herederos pertenecientes al grupo familiar directo, siempre que la proporción sea inferior a 125.000 euros por herederos. Así, los hijos menores de 25 años quedan exentos de tributar, ya que, precisó el conselleiro, se tiene en cuenta que los jóvenes 'viven más tiempo en el núcleo familiar'.
A mayores, la reforma del impuesto busca equiparar la fiscalidad de las parejas de hecho a los matrimonios de manera que se 'adapta' a la modificación de la Ley de Derecho Civil. También quedan exentos de tributar las personas con discapacidad superior al 65 por ciento y se amplían los beneficios de las donaciones de padres a hijos para la adquisición de vivienda y la amortización de préstamos hipotecarios.
SEGUIR TRABAJANDO.
En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado del BNG Carlos Aymerich coincidió con el conselleiro de Economía en que esta ley 'moderniza' el impuesto, aunque apostó por 'seguir trabajando para mejorarlo'.
En concreto, mencionó el informe del Consello Económico e Social (CES) en el que los sindicatos CIG, CC OO, UGT y SLG; junto con asociaciones y la Universidade de A Coruña; consideraron 'muy negativa' la rebaja de los tipos máximos en la transmisión de las grandes fortunas y patrimonios elevados a descendientes o adoptados.
Por ello, Aymerich sugirió que 'cabría estudiar reducir esta rebaja', que pasa del 34 al 18 por ciento en las sucesiones y del 34 al 9 por ciento en las donaciones y que 'beneficia a los tramos más altos'.
'DISTINTAS CIRCUNSTANCIAS, IGUALES MEDIDAS'.
Por su parte, el diputado del Partido Popular José Antonio Orza, pidió la devolución de la ley e incidió en que 'familiares en iguales circunstancias no cuentan con iguales medidas'. Así se refirió a que los hijos menores de 25 años no tributen y sí lo hagan los que superen esta edad --y el patrimonio requiera ser gravado--.
Orza reprobó que el Gobierno autonómico 'amaga pero no da' con esta reforma, que alberga matices 'electorales' y llega en un momento económico 'complicado', puesto que 'tanto estuvo esperando (el Gobierno) al momento electoral' que arriba en un tiempo de 'vacas flacas', puesto que entrará en vigor tres meses después de su aprobación definitiva. No obstante, admitió que 'tampoco va a ser tanto, porque no es tanto la reforma', en alusión a la repercusión económica.
Finalmente, el portavoz socialista en este área, Xaquín Fernández Leiceaga, ironizó con que la amenaza de 'huelga a la japonesa' del Partido Popular, que se concretó 'por fin en que un grupo con 37 diputados haya presentado una enmienda alternativa'. Sin embargo, defendió que la aplicación de esta ley 'reduce las desigualdades' y contribuye al 'dinamismo empresarial'.
Al respecto, Fernández Antonio justificó que esta reforma contribuirá a la equidad 'incrementando la capacidad económica', al tiempo que 'redistribuye la riqueza'.
Asimismo, el titular de Economía aseguró que favorecerá 'la lucha contra el fraude' y será 'más justo', debido a que gravará a las economías personales con mayor capacidad de pago y que hayan aumentado sus rentas sin esfuerzo, es decir, sin estar basadas en el trabajo.
MEDIDAS.
De este modo, dejarán de tributar los patrimonios familiares inferiores de 675.000 euros y se favorece la permanencia de las empresas intergeneracionales, ampliando al cuarto grado la eliminación de los tributos en las pequeñas y medianas empresas, lo que 'favorece la competitividad a las empresas con un papel esencial en Galicia', así como se extiende al cuatro grado a los entes familiares y a las explotaciones agrarias.
Del mismo modo, supone una 'significativa reducción' para las empresas gallegas con la actualización de las tarifas mínimas, que pasan del 34 al 18 por ciento en las herencias patrimoniales y del 34 al 9 por ciento en las donaciones, que conlleva 'la eliminación de la competencial fiscal' y 'dinamiza la inversión'.
La reforma prevé eliminar la tributación en el caso de los herederos pertenecientes al grupo familiar directo, siempre que la proporción sea inferior a 125.000 euros por herederos. Así, los hijos menores de 25 años quedan exentos de tributar, ya que, precisó el conselleiro, se tiene en cuenta que los jóvenes 'viven más tiempo en el núcleo familiar'.
A mayores, la reforma del impuesto busca equiparar la fiscalidad de las parejas de hecho a los matrimonios de manera que se 'adapta' a la modificación de la Ley de Derecho Civil. También quedan exentos de tributar las personas con discapacidad superior al 65 por ciento y se amplían los beneficios de las donaciones de padres a hijos para la adquisición de vivienda y la amortización de préstamos hipotecarios.
SEGUIR TRABAJANDO.
En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado del BNG Carlos Aymerich coincidió con el conselleiro de Economía en que esta ley 'moderniza' el impuesto, aunque apostó por 'seguir trabajando para mejorarlo'.
En concreto, mencionó el informe del Consello Económico e Social (CES) en el que los sindicatos CIG, CC OO, UGT y SLG; junto con asociaciones y la Universidade de A Coruña; consideraron 'muy negativa' la rebaja de los tipos máximos en la transmisión de las grandes fortunas y patrimonios elevados a descendientes o adoptados.
Por ello, Aymerich sugirió que 'cabría estudiar reducir esta rebaja', que pasa del 34 al 18 por ciento en las sucesiones y del 34 al 9 por ciento en las donaciones y que 'beneficia a los tramos más altos'.
'DISTINTAS CIRCUNSTANCIAS, IGUALES MEDIDAS'.
Por su parte, el diputado del Partido Popular José Antonio Orza, pidió la devolución de la ley e incidió en que 'familiares en iguales circunstancias no cuentan con iguales medidas'. Así se refirió a que los hijos menores de 25 años no tributen y sí lo hagan los que superen esta edad --y el patrimonio requiera ser gravado--.
Orza reprobó que el Gobierno autonómico 'amaga pero no da' con esta reforma, que alberga matices 'electorales' y llega en un momento económico 'complicado', puesto que 'tanto estuvo esperando (el Gobierno) al momento electoral' que arriba en un tiempo de 'vacas flacas', puesto que entrará en vigor tres meses después de su aprobación definitiva. No obstante, admitió que 'tampoco va a ser tanto, porque no es tanto la reforma', en alusión a la repercusión económica.
Finalmente, el portavoz socialista en este área, Xaquín Fernández Leiceaga, ironizó con que la amenaza de 'huelga a la japonesa' del Partido Popular, que se concretó 'por fin en que un grupo con 37 diputados haya presentado una enmienda alternativa'. Sin embargo, defendió que la aplicación de esta ley 'reduce las desigualdades' y contribuye al 'dinamismo empresarial'.
