La votación será secreta. Los representantes del Gobierno gallego aseguraron que este es el último planteamiento y no volverán a convocar al comité de huelga para un nuevo encuentro.
Los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia, en huelga indefinida desde el 7 de febrero, votarán este miércoles si rebajan su actual pretensión económica, de aumento de 190 euros al mes, tras la ruptura de negociaciones con la Xunta.
Las siete ciudades gallegas -A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Santiago y Vigo- han acogido una serie de asambleas informativas en las que los representantes sindicales han explicado a los trabajadores los detalles sobre la reunión mantenida entre el comité de huelga, formado por los sindicatos SPJ USO, Alternativas na Xustiza CUT, FeSP UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO, y los representantes de la Xunta.
En estas asambleas se ha informado a los trabajadores llamados a la huelga, unos 2.700 en toda la Comunidad, que mañana habrá una votación secreta en las siete ciudades para decidir si se mantienen las actuales pretensiones económicas o se rebajan, han informado fuentes del colectivo que está en huelga indefinida desde el 7 de febrero.
Subidas graduales
En concreto, se les preguntará si desean mantener la petición de aumento de 190 euros al mes en el complemento autonómico transitorio (CAT) o están dispuestos a que disminuya esa cantidad, que ya bajó desde 400 euros, mientras la Xunta aumentó la suya desde los 27, 35 y 50 euros -según los cuerpos- hasta los 105, 108,42 y 133,42 actuales, con subida gradual entre este año y 2020.
La mesa de negociaciones quedó rota ayer tras la oferta de subida de la Xunta de 3,42 euros para tramitadores y 28,42 para gestores -sin cambios para cuerpos de auxilio-, rechazada por los sindicatos.
Los representantes del Gobierno gallego aseguraron que este es el último planteamiento y no volverán a convocar al comité de huelga para un nuevo encuentro.
Los trabajadores, en cambio, sostuvieron que la Xunta no quiso desvelar el desarrollo del acuerdo si antes no eran aceptadas las cantidades, lo que consideró un "chantaje".
Tras el encuentro, la representación social recalculó cómo quedaría Galicia en relación al resto del Estado tras el anuncio del ministro de Justicia, Rafael Catalá, respecto al territorio que no tiene las competencias transferidas.
Mantiene que, dentro de tres años, los gestores gallegos serían séptimos y los tramitadores y los auxilios quedarían sextos, mientras que hasta entonces todos continuarían por debajo de la media.
