El acusado ha aceptado la condena por apropiarse de 1,1 millones de euros. Compañías aseguradores y afectados negocian la devolución del dinero, aunque no recuperarán la totalidad
El administrador de fincas Rafael B.F., acusado de quedarse con más de un millón de euros de unas 80 comunidades de propietarios y particulares de Vigo, ha aceptado cuatro años de cárcel y el pago de una multa 1.800 euros. Así lo ha confirmado en una vista celebrada este lunes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en la ciudad olívica.
Este gestor, junto con su hija María B.M., ha reconocido ser autor de un delito continuado de apropiación indebida. Mientras, la otra procesada ha aceptado la pena de dos años de cárcel y una multa de 1.260 euros por el mismo delito, y la Fiscalía ha informado favorablemente a la suspensión de la pena en caso de insolvencia.
El ministerio público pedía inicialmente una pena de siete años de prisión para cada uno de los acusados. Según explicaba en su escrito, la administración de esas fincas se hacía, o bien directamente a través de una cuenta a nombre de la acusada María B.M., o bien por medio de las cuentas bancarias de cada una de las comunidades. En esas cuentas se abonaban todos los gastos e ingresos generados por dichas comunidades.
Así, los acusados desviaron dinero de los afectados, o bien transfiriéndolos directamente a sus cuentas, o mediante recibos duplicados o talones. Además, dejaron de pagar deudas de las comunidades y facturas, lo que generó 'descubierto' en varias de las cuentas y recargos por retraso en el abono de facturas, que tuvieron que ser asumidos por las propias comunidades.
Responsabilidad civil
Aunque la responsabilidad penal ha quedado zanjada en la vista celebrada en la Audiencia este lunes, todavía no se ha tomado una decisión sobre la responsabilidad civil.
Las dos compañías aseguradoras con las que los acusados tenían pólizas suscritas están negociando un acuerdo con los afectados que, en todo caso, incluirá una quita o reducción de intereses para poder hacer efectivo el pago y que los perjudicados puedan recuperar una parte de lo que han perdido.
Según ha explicado el abogado Guillermo Presa, portavoz de las acusaciones particulares, en caso de que las compañías acepten el acuerdo (se baraja una posible quita del 20 por ciento), el caso quedaría cerrado el próximo viernes, cuando las partes han sido citadas de nuevo por la Audiencia Provincial.
Asimismo, este letrado ha señalado que "habrá que hacer una averiguación patrimonial" para saber si los acusados están en disposición de hacer frente a alguna responsabilidad económica, pero ha avanzado que "no hay expectativas a ese respecto".
Por otra parte, uno de los afectados por esta estafa, Francisco García Alonso, quien era presidente de la comunidad de propietarios de López Mora 17 en el momento de los hechos, ha explicado en declaraciones a los medios que Bautista se apropió de unos 15.400 euros en este inmueble. "Le pedimos explicaciones, pero nunca las dio", ha incidido, y ha admitido, con respecto a un posible acuerdo de responsabilidad civil, que "es mejor cobrar algo que no cobrar nada".
