El desprestigio de la CEG, ahora sin presidente, desata movimientos en el Círculo Financiero de Galicia, promovido por los clubes financieros de A Coruña, Vigo y Santiago. Feijóo medita qué hará al respecto.
Las sociedades más avanzadas tienen como característica destacada la institucionalización del diálogo social, lo que supone el reconocimiento de los agentes económicos y sociales, representados por las organizaciones empresariales y sindicales más importantes. La Constitución española confiere, de hecho, a las asociaciones empresariales –del mismo modo que a los sindicatos– una gran relevancia. Lo hace en el marco del Estado social y democrático de Derecho, al consagrar su papel como organizaciones básicas para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales. Por ello, son objeto de varias referencias a lo largo del texto constitucional, interesado en su presencia activa en la vida económica y social. Tanto es así que incluye la participación de los sindicatos y de las asociaciones empresariales en la planificación económica del país. El Estatuto de Autonomía de Galicia se mueve en términos similares.
En España, es la ministra de Empleo y Seguridad Social –actualmente Fátima Báñez– la que convoca la constitución de la Mesa de Diálogo Social, donde se sientan los presidentes de las patronales CEOE y CEPYME y los secretarios generales de los sindicatos UGT y CC OO. En Galicia, todo esto ya no está tan claro, y menos en estos momentos, dada la precariedad de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), el brazo de la CEOE y de CEPYME en esta comunidad.
Sobre el papel, la CEG es una organización “privada e independiente”, cuyo principal objetivo fundacional es “el fomento del sistema de iniciativa privada y la economía de mercado en la comunidad autónoma gallega”. A través de las federaciones y asociaciones integradas, agrupa “a más de 150.000 empresas gallegas, en su mayor parte pymes”, según su web. También sobre el papel, “como entidad al servicio de la comunidad empresarial”, la actividad de la CEG se centra en “la representación y en la defensa de los intereses generales del empresariado ante las instituciones, organismos públicos y agentes sociales”.
Pero todo esto no es así. Y rara vez fue así desde su constitución en el año 1981 por común acuerdo de las cuatro confederaciones provinciales de empresarios. Hubo algunos momentos de esperanza bajo las presidencias de Pucho Mantiñán y Emilio Pérez Nieto –incluso en parte del primer mandato de Antonio Fontenla–, pero en general prevaleció la tensión, cuando no el caos, como en los últimos años.
Fueron y son varias las causas de esta crisis de la CEG, que no supo o no pudo granjearse la adhesión de las grandes empresas gallegas ni fue capaz de darle cauce a las tensiones entre Vigo y A Coruña. Por si fuese poco, en medio de su tortuoso camino hubo problemas con el manejo de sus fondos y su desunión terminó por deteriorar el prestigio de la entidad, ahora mismo sin presidente.
Esa ley física de obligado cumplimiento que constata que el espacio vacío tiende a ser ocupado dio paso a un movimiento empresarial no tanto interno como externo, especialmente activo al unirse los clubes financieros de A Coruña, Vigo y Santiago. Si bien se trata de entidades diferentes –otro tanto sucede con las cámaras de comercio–, lo cierto es que el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se plantea su reconocimiento. El mandato de Mariano Gómez-Ulla al frente del Círculo Financiero de Galicia estaría siendo, en ese sentido, especialmente provechoso.
@J_L_Gomez
