El perito Francisco Javier del Moral, quien realizó varios informes sobre la situación estructural del 'Prestige' para el Gobierno, ha asegurado esta mañana que el buque tenía un 'historial de reparaciones y corrosiones' aunque ha reconocido que sí estaba autorizado a navegar al contar con el certificado de la empresa clasificadora ABS.
'Sí, estaba legalmente autorizado para navegar', ha terminado por reconocer ante la insistencia del abogado del capitán del buque, Apostolos Mangouras.
En su declaración ante el tribunal que juzga los daños causados por el accidente del buque en noviembre de 2002, Del Moral aseguró que los petroleros como el 'Prestige' tenían una vida útil de veinte años -por lo que el petrolero excedería en seis años este tiempo-, un criterio 'no escrito' pero 'reconocido' internacionalmente.
'Lo que define si -un buque- es apto para navegar, son los certificados de navegación', ha reconocido.
El 'Prestige' contaba con el informe favorable de ABS, empresa que había inspeccionado y certificado el buen estado del petrolero seis meses antes de su naufragio.
En su informe, Del Moral habla de defectos en la estructura del barco y ha criticado la decisión del capitán de lastrar el barco, una decisión que, en su opinión, 'dio la puntilla al barco' pese a que, ha recordado el abogado del capitán, éste siguió navegando seis días.
Esta mañana ha comparecido también ante el tribunal el jefe de máquinas de Marina Mercante y Comisionado del Ministerio de Fomento, Francisco Alonso, quien ha asegurado que el si el 'Prestige' hubiese pasado una inspección portuaria en Europa no le habrían permitido navegar por problemas en la máquina.
El juicio del 'Prestige' se encuentra en la fase de análisis de pruebas entre las que quedan la referida al estado de conservación del buque.
La plataforma ciudadana 'Nunca Máis', personada como acusación particular, interesó la nulidad de esta prueba y argumentó que había sido realizada por el ingeniero naval Santiago Martín Criado, ya fallecido, que estaba en el gabinete de crisis gubernamental que se constituyó tras el accidente y que dio por buena la decisión de alejar el barco de la costa.
El Ministerio Fiscal reclama por la 'marea negra' provocada por el hundimiento del 'Prestige' indemnizaciones por los daños causados que suman 4.442 millones de euros.
Están acusados en este proceso el capitán del barco, el griego Apostolos Mangouras, de 76 años, para el que se piden 12 años de prisión por atentado contra el medio ambiente, daños y desobediencia, los mismos delitos que se les imputan a otros dos miembros de la tripulación, Ireneo Maloto, primer oficial, de nacionalidad filipina y que actualmente se encuentra en paradero desconocido, y Nikolaos Argyropoulos, jefe de máquinas.
En el banquillo de los acusados también se sienta José Luis López-Sors, exdirector general de la Marina Mercante cuando Francisco Álvarez-Cascos dirigía el Ministerio de Fomento, que está acusado de imprudencia grave por el rumbo errático que siguió la nave durante seis días y que extendió el vertido de fuel desde Galicia hasta las costas francesas.
Asimismo, están imputados como responsables civiles directos la aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la contaminación por hidrocarburos, y como responsables civiles subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd, y el Estado español.
En su declaración ante el tribunal que juzga los daños causados por el accidente del buque en noviembre de 2002, Del Moral aseguró que los petroleros como el 'Prestige' tenían una vida útil de veinte años -por lo que el petrolero excedería en seis años este tiempo-, un criterio 'no escrito' pero 'reconocido' internacionalmente.
'Lo que define si -un buque- es apto para navegar, son los certificados de navegación', ha reconocido.
El 'Prestige' contaba con el informe favorable de ABS, empresa que había inspeccionado y certificado el buen estado del petrolero seis meses antes de su naufragio.
En su informe, Del Moral habla de defectos en la estructura del barco y ha criticado la decisión del capitán de lastrar el barco, una decisión que, en su opinión, 'dio la puntilla al barco' pese a que, ha recordado el abogado del capitán, éste siguió navegando seis días.
Esta mañana ha comparecido también ante el tribunal el jefe de máquinas de Marina Mercante y Comisionado del Ministerio de Fomento, Francisco Alonso, quien ha asegurado que el si el 'Prestige' hubiese pasado una inspección portuaria en Europa no le habrían permitido navegar por problemas en la máquina.
El juicio del 'Prestige' se encuentra en la fase de análisis de pruebas entre las que quedan la referida al estado de conservación del buque.
La plataforma ciudadana 'Nunca Máis', personada como acusación particular, interesó la nulidad de esta prueba y argumentó que había sido realizada por el ingeniero naval Santiago Martín Criado, ya fallecido, que estaba en el gabinete de crisis gubernamental que se constituyó tras el accidente y que dio por buena la decisión de alejar el barco de la costa.
El Ministerio Fiscal reclama por la 'marea negra' provocada por el hundimiento del 'Prestige' indemnizaciones por los daños causados que suman 4.442 millones de euros.
Están acusados en este proceso el capitán del barco, el griego Apostolos Mangouras, de 76 años, para el que se piden 12 años de prisión por atentado contra el medio ambiente, daños y desobediencia, los mismos delitos que se les imputan a otros dos miembros de la tripulación, Ireneo Maloto, primer oficial, de nacionalidad filipina y que actualmente se encuentra en paradero desconocido, y Nikolaos Argyropoulos, jefe de máquinas.
En el banquillo de los acusados también se sienta José Luis López-Sors, exdirector general de la Marina Mercante cuando Francisco Álvarez-Cascos dirigía el Ministerio de Fomento, que está acusado de imprudencia grave por el rumbo errático que siguió la nave durante seis días y que extendió el vertido de fuel desde Galicia hasta las costas francesas.
Asimismo, están imputados como responsables civiles directos la aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la contaminación por hidrocarburos, y como responsables civiles subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd, y el Estado español.
