El alcalde de Ponte Caldelas, Perfecto Rodríguez, informó de que ayer por la tarde fue notificada una providencia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra, por la que 'se requiere al Ayuntamiento de Poio para que, en el plazo de un mes, proceda al desalojo' de las familias gitanas alojadas en la parroquia de Caritel. La providencia recuerda que se anuló el título que habilitaba la ocupación de las viviendas, y añade el apercibimiento de proceder conforme a la imposición de multas coercitivas y posible incoación de diligencias penales por desobediencia.
Con esta providencia, Perfecto Rodríguez considera que el juzgado atiende así la solicitud presentada por la representación jurídica del Ayuntamiento de Ponte Caldelas, otorgándole por tanto al de Poio el plazo de un mes para proceder a los desalojos. Para el alcalde de Ponte Caldelas también queda claro que el camino que pretendía iniciar el Ayuntamiento de Poio de acudir a la jurisdicción civil para proceder al desahucio y que, según él, dilataba el problema mucho tiempo, 'no es el correcto', sino que lo que debe hacer el consistorio es 'requerir de inmediato a las familias el desalojo voluntario de las viviendas'. 'Si el Ayuntamiento de Poio hubiese iniciado este procedimiento en septiembre, cuando le notificaron la sentencia, el problema estaría solucionado', aseguró.
