Defensor del Pueblo, Valedor do Pobo, Procurador del Común, Ararteko... y así hasta 12 denominaciones diferentes en todo el país, una cifra que para muchos ha empezado a ser excesiva en un contexto de crisis y recortes como el actual. La presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, fue la primera en replantearse la necesidad de esta institución y a finales de 2011 decidió eliminarla.
No es el caso de Galicia, donde sus diputados defienden esta figura porque así viene recogido en el Estatuto de Autonomía. La crisis que vive el Valedor do Pobo en estos momentos no está dirigida contra la institución, ya que existe unanimidad en cuanto a su necesidad y permanencia.
Así lo cree Guillermo Collarte, para quien la figura del Valedor está recogida en el Estatuto y representa un enlace directo entre los ciudadanos y la administración gallega. 'Es una institución llamada a amplificar la voz de los ciudadanos y a garantizar que, además de sus representantes públicos, éstos cuenten también con un portavoz ante las instituciones'. Además, duda que su trabajo pueda interferir con el del Defensor del Pueblo porque cada uno 'tiene un ámbito de actuación muy concreto'.
El exministro y diputado socialista Francisco Caamaño no se pronuncia sobre si hay excesivos defensores del pueblo y cree que debe ser cada comunidad autónoma la que lo evalúe en función de los servicios que presta. Por el contrario sí cree que existen ciertas disfunciones en el funcionamiento de estas instituciones. 'El Defensor presenta su memoria anual ante el Congreso y el Congreso no tiene competencia para corregir los ámbitos de desatención de derechos que el Defensor incluya en la misma. Por tanto, las disfunciones no están solo en los defensores autonómicos sino también en el propio Defensor del Pueblo que solo debiera supervisar aquellas administraciones que dependen del Estado'.
Por su parte, el diputado del BNG Francisco Jorquera defiende esta figura presente en casi todas las autonomías por el elevado número de quejas que resuelve cada año y por la defensa de derechos fundamentales. En cambio, sí cree que puede existir un solapamiento de las competencias. Cree que lo lógico es que el Defensor del Pueblo se limite a actuaciones estrictamente relacionadas con la Administración Central y deje en manos de las CC.AA. las relativas los servicios autonómicos.
En cuanto a la defensa de los derechos de los ciudadanos, Guillermo Collarte no tiene dudas sobre la eficacia del Valedor que trabaja en favor de los que creen vulnerados sus derechos.
En el mismo sentido se expresa Francisco Caamaño, quien recuerda que nacieron para evitar que los ciudadanos tuvieran que recurrir necesariamente a la justicia y destaca su papel que define como 'magistratura de persuasión'.
Finalmente, Jorquera asegura que desde que se instauró esta institución las administraciones han avanzado en el respeto a los ciudadanos y han cambiado décadas de prácticas y rutinas burocráticas.
Así lo cree Guillermo Collarte, para quien la figura del Valedor está recogida en el Estatuto y representa un enlace directo entre los ciudadanos y la administración gallega. 'Es una institución llamada a amplificar la voz de los ciudadanos y a garantizar que, además de sus representantes públicos, éstos cuenten también con un portavoz ante las instituciones'. Además, duda que su trabajo pueda interferir con el del Defensor del Pueblo porque cada uno 'tiene un ámbito de actuación muy concreto'.
El exministro y diputado socialista Francisco Caamaño no se pronuncia sobre si hay excesivos defensores del pueblo y cree que debe ser cada comunidad autónoma la que lo evalúe en función de los servicios que presta. Por el contrario sí cree que existen ciertas disfunciones en el funcionamiento de estas instituciones. 'El Defensor presenta su memoria anual ante el Congreso y el Congreso no tiene competencia para corregir los ámbitos de desatención de derechos que el Defensor incluya en la misma. Por tanto, las disfunciones no están solo en los defensores autonómicos sino también en el propio Defensor del Pueblo que solo debiera supervisar aquellas administraciones que dependen del Estado'.
Por su parte, el diputado del BNG Francisco Jorquera defiende esta figura presente en casi todas las autonomías por el elevado número de quejas que resuelve cada año y por la defensa de derechos fundamentales. En cambio, sí cree que puede existir un solapamiento de las competencias. Cree que lo lógico es que el Defensor del Pueblo se limite a actuaciones estrictamente relacionadas con la Administración Central y deje en manos de las CC.AA. las relativas los servicios autonómicos.
En cuanto a la defensa de los derechos de los ciudadanos, Guillermo Collarte no tiene dudas sobre la eficacia del Valedor que trabaja en favor de los que creen vulnerados sus derechos.
En el mismo sentido se expresa Francisco Caamaño, quien recuerda que nacieron para evitar que los ciudadanos tuvieran que recurrir necesariamente a la justicia y destaca su papel que define como 'magistratura de persuasión'.
Finalmente, Jorquera asegura que desde que se instauró esta institución las administraciones han avanzado en el respeto a los ciudadanos y han cambiado décadas de prácticas y rutinas burocráticas.
