Qué situación tan bochornosa la vivida en el Rally de Los Volcanes de Lanzarote. La cancelación de la prueba, justificada y argumentada por las múltiples partes implicadas (aunque cada vez menos convincente con el paso de las horas), vuelve a sacar a la luz la doble moralidad de la clase política nacional, que en función de los intereses y de unos pocos votos hacen y deshacen sin tener en cuenta los problemas y daños que pueden provocar tanto a organizadores de eventos como a participantes y aficionados, que al margen de los visitantes, son sus propios votantes.
Esto no es una cuestión de un rally, mucho menos de un problema de permisos, que sí es cierto que los hubo. Es una cuestión política que ha arruinado como mínimo, el futuro a corto plazo de esta cita nacional.
No voy a entrar en si la prueba debe o no debe discurrir por una zona delicada, eso es competencia de los técnicos que realizan los informes. Lo que sí me gustaría saber es en qué se basan para considerar dañino el rally, pero no las rutas en buggy o en quad que se realizan a diario por la zona o como es eso de los tendidos eléctricos sobre zonas protegidas, cuando se habla que son uno de los elementos más dañinos para la fauna de cualquier zona. También sobre comentar que son zonas abiertas al paso de cualquier tipo de vehículo a diario.
Esas decisiones políticas, perfectamente medidas en el tiempo en este caso, han causado un problema grave a más de una persona en la isla, también a hosteleros y empresarios que se habían preparado para una cita que llevaba 20 años discurriendo por esas pistas.
Aunque se me plantea una duda. Si tal y como dicen esta prueba ya había levantado ampollas la pasada temporada, ¿por qué se esperó hasta el final para presentar esos requerimientos e información añadida sobre el recorrido? Y otra más, si se modificó posteriormente, ¿cuál fue el motivo de permitirles seguir adelante con la carrera y se embarcaron los coches rumbo a las islas?
Los plazos de los permisos, problema a nivel nacional
Sobre esos plazos, más incertidumbres. Esos tiempos para conceder permisos no son exclusivos de Canarias. En Galicia o Asturias, por ejemplo, también se conceden a pocos días de la realización del evento, muchas veces casi in-extremis. Ese riesgo con el que tienen que lidiar los organizadores puede desembocar en una cancelación como la de Lanzarote, con un riesgo para el patrimonio de los organizadores. Es algo que debería cambiarse por el bien de cualquier evento, no solo los de motor.
La conclusión es que siempre que los intereses particulares entren en juego, sean del tipo que sean, los perjudicados serán los que dan la cara, hasta que llegue un punto en el que vean o comprendan que no les merece la pena jugarse su futuro por el disfrute de otros, que se apuntan a la foto, pero que luego no son capaces de solventar la papeleta como debe ser.
