El Gobierno marroquí lanzó hoy una estrategia nacional para combatir la discriminación de las personas afectadas por el sida, a quienes con frecuencia se obstaculiza su acceso a los servicios de prevención, detección y tratamiento.
La nueva estrategia lanzada bajo el lema "ninguna nueva infección, ningún fallecimiento ni discriminación vinculada al sida" ha sido lanzada hoy por el Ministerio de Sanidad marroquí en colaboración con el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La discriminación social e institucional (que se manifiesta en el acceso al mercado de trabajo pero también en las prestaciones públicas sanitarias) constituyen las principales dificultades que viven las personas que viven con el VIH en Marruecos.
A ello se añade la falta de capacitación del personal médico y ONGs que operan en este campo en materia de derechos humanos, falta de mecanismos relacionados con los derechos humanos y el VIH, así como el carácter limitado de medios de control y seguimiento de las violaciones de derechos humanos vinculados con el sida.
Según el Ministerio de Sanidad, las pruebas del sida pasaron de 3.000 en 2003 a 583.000 en 2013, mientras que el número de personas bajo tratamiento antirretroviral pasó de 242 personas en 2003 a 6.464 personas a finales de 2013.
Según las últimas cifras disponibles de 2012, en Marruecos hay 29.000 personas con el virus del sida, aunque una buena parte de ellos lo ignoran.
La estrategia actual tiene como objetivo realizar en 2016 un total de tres millones de pruebas, concretamente a las personas más expuestas (prostitutas, homosexuales y drogadictos, aunque no aparecen explícitamente mencionados).
Asimismo, esta estrategia contempla abarcar 4.000 adictos a las drogas y conseguir que el 80 por ciento de mujeres embarazadas con VIH y sus bebés accedan al programa de prevención de la transmisión madre-hijo del VIH.
La estrategia contempla organizar campañas de sensibilización de la población general sobre esta cuestión, así como informar a las personas que viven con VIH y las personas más vulnerables sobre los mecanismos que les permiten interponer recursos contra la administración.
