El Concello de Punxín y una vecina mantienen un litigio por una finca desde hace 10 años. Allí se construyó un área de recreo, pero una sentencia otorgó la propiedad a la demandante. Ahora, otra sentencia le obliga a ella a derribar el cierre. Lo curioso del caso es que el área de recreo se pagó con fondos públicos y el mobiliario quedó, finalmente, cerrado dentro del muro construido por la propietaria del terreno, aunque ahora tenga que derribarlo porque incumple la distancia legal con la carretera.
El Concello de Punxín procederá el próximo 13 de este mes al derribo de un cierre de hierro que impide el paso a un área de recreo, que tiene la peculiaridad de que se construyó con fondos públicos a finales de los años 90 en un terreno que resultó ser de propiedad privada; de hecho, finalmente una sentencia judicial le otorgó la propiedad del terreno a una vecina de la localidad.
El mobiliario urbano y todos los elementos instalados en la finca, situada en la N-541 (Ourense-Pontevedra), quedaron desde entonces en manos privadas, dentro del cierre, sin que el Concello de Punxín hiciese gestión alguna para intentar recuperarlos.
Autorización
Posteriormente, en el año 2003, las autoridades municipales y el Ministerio de Fomento autorizaban a la propietaria, Elvira Espada, a la instalación de un cierre, tras comprobar que la parcela era suya y porque, además, era la administración competente para dar la licencia. Sin embargo, un informe urbanístico aseguraba que la obra no se ajustaba a la legalidad vigente, puesto que, al tratarse de una estructura fija, tendría que quedar ubi cada a ocho metros de la carretera y, sin embargo, sólo había sido colocada a tres, distancia ésta que sólo se permitiría si el cierre fuese móvil, que no es el caso. En consecuencia, un decreto de la Alcaldía en 2004 ordenaba el derribo.
El silencio administrativo se impuso hasta tres años después, con la llegada de Alfredo Cruz a la alcaldía, que retomó el proceso.
Sin embargo, la propietaria no se dio por vencida y decidió interponer en su momento un recurso contencioso administrativo en el Juzgado número 1 de Ourense, que acaba de ser desestimado por el juez. Por ello, el Concello, que ya dispone de 3.000 euros para ejecutar ahora el derribo, realizará esta medida en breve.
El mobiliario urbano y todos los elementos instalados en la finca, situada en la N-541 (Ourense-Pontevedra), quedaron desde entonces en manos privadas, dentro del cierre, sin que el Concello de Punxín hiciese gestión alguna para intentar recuperarlos.
Autorización
Posteriormente, en el año 2003, las autoridades municipales y el Ministerio de Fomento autorizaban a la propietaria, Elvira Espada, a la instalación de un cierre, tras comprobar que la parcela era suya y porque, además, era la administración competente para dar la licencia. Sin embargo, un informe urbanístico aseguraba que la obra no se ajustaba a la legalidad vigente, puesto que, al tratarse de una estructura fija, tendría que quedar ubi cada a ocho metros de la carretera y, sin embargo, sólo había sido colocada a tres, distancia ésta que sólo se permitiría si el cierre fuese móvil, que no es el caso. En consecuencia, un decreto de la Alcaldía en 2004 ordenaba el derribo.
El silencio administrativo se impuso hasta tres años después, con la llegada de Alfredo Cruz a la alcaldía, que retomó el proceso.
Sin embargo, la propietaria no se dio por vencida y decidió interponer en su momento un recurso contencioso administrativo en el Juzgado número 1 de Ourense, que acaba de ser desestimado por el juez. Por ello, el Concello, que ya dispone de 3.000 euros para ejecutar ahora el derribo, realizará esta medida en breve.
