JUSTICIA

El alcalde de Boborás, "tranquilo" ante la posibilidad de ir a juicio por falsedad documental

También ha apuntado que su firma "es muy sencilla" de imitar, por lo que no descarta que alguien la pudiera haber copiado "sin mala fe". Cipriano Caamaño fue investigado por la presunta regularización ilegal de una vivienda de su propiedad

El alcalde de Boborás (Ourense), Cipriano Caamaño, ha recibido con "tranquilidad" la petición de Fiscalía para reactivar la causa abierta contra él por la presunta regularización ilegal de una vivienda de su propiedad, a raíz de los resultados de una pericial caligráfica que le apunta como el autor de la escritura y firma del certificado para legalizar la obra.

En declaraciones este martes a Europa Press, el regidor se ha mostrado "satisfecho" de "que Fiscalía reabra el caso si tiene dudas". Sin embargo, ha recordado que él es la persona "más interesada en que se llegue al fondo del asunto", que ha calificado como "un linchamiento político" con vistas a "apartarle" de la alcaldía.

Fiscalía solicitó que se dicte un auto de procedimiento abreviado en la causa contra Caamaño por presunta falsedad documental en relación a un certificado emitido en 2010 que señala que la vivienda estaba terminada en 1999 (a pesar de que las obras se iniciaron en 2008) y que, supuestamente, habría sido emitido y certificado por el alcalde.

La jueza encargada del caso había decretado el sobreseimiento provisional de la causa el pasado 15 de enero. Sin embargo, la Fiscalía ha presentado un recurso y demanda que se deje sin efecto el auto de archivo provisional después de conocer que la pericial caligráfica solicitada señala al regidor como autor de la escritura y la firma.

Caamaño ha defendido este martes en que "no le consta" haber "visto ni firmado" dicho documento y ha insistido en que se "enteró" de la existencia de que era necesario un certificado para dar de alta la vivienda ante Catastro "a raíz de este caso".

Firma "sencilla de imitar"

También ha apuntado que su firma "es muy sencilla" de imitar, por lo que no descarta que alguien la pudiera haber copiado "sin mala fe" y por considerar que se trataba de "unos papeles de trámite que no iban a ningún lado".

"Han dicho que la letra es mía, pero no es cierto. En caso de que lo fuera no me importaría reconocerlo, pero no es así", ha insistido Caamaño.

El regidor ha confiado en que el caso "se clarifique lo antes posible", aunque ha lamentado que "el daño (político) está hecho".

En esta línea ha señalado la existencia de comentarios en redes sociales que apuntan a que "no le va a llegar el dinero para pleitos" o que "se va a quedar sin patrimonio".

Por su parte, las representantes legales del partido político MoveBoborás y de los tres exconcejales (del PSOE y BNG) personados en el caso han confirmado que respaldarán la petición de Fiscalía para que se reactive la causa.

MoveBoborás pide responsabilidades a la jueza

Además, el abogado de MoveBoborás ha presentado este martes un queja ante el juzgado de O Carballiño en protesta "por no haber dado traslado en tiempo y forma del informe pericial caligráfico", cuyo desconocimiento por parte de Fiscalía y las acusaciones particulares supuso en el archivo provisional de la causa.

El letrado ha considerado que la ocultación de ese informe ha supuesto una "manifiesta indefensión" de sus clientes y ha alertado sobre la posibilidad de que el sobreseimiento de la causa se produjese "teniendo conocimiento la jueza del resultado inculpatorio de la pericial caligráfica".

El abogado ha abundado el informe de la pericial caligráfica "data del mes de noviembre pasado", mientras que el sobreseimiento provisional se decidió dos meses más tarde.

Desde MoveBoborás se insiste en la necesidad de "pedir responsabilidades en los juzgados" debido a que "no es el único error que se ha producido durante la causa", según su portavoz Eva Pardo. La concejala ha explicado que desde el inicio de las actuaciones "se han sucedido errores" que han retrasado la causa.

Así, ha referido la pérdida de un documento firmado por el asesor jurídico del ayuntamiento; equivocaciones en los nombres y direcciones de personas citadas a declarar o un error en la prueba caligráfica que obligó a que tuviera que ser repetida.

El caso

El caso tuvo su origen en la presentación de una querella por parte de MoveBoborás en diciembre de 2016 y admitida a trámite en enero de 2017 a raíz de la supuesta falsificación de la documentación urbanística relativa a una parcela en A Almuzara, donde se habría certificado la existencia en 1999 de una vivienda que fue construida 10 años después.

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