Una sentencia absuelve a dos socialistas de Leiro acusados por el alcalde de injurias y a uno de ellos, Pablo Lorenzo, también por desorden público en un pleno. La juez emitió idéntico fallo para un concejal del PP acusado de amenazas. El regidor sólo recurre la sentencia contra Pablo Lorenzo.
La juez de Ribadavia absolvió a los dos vecinos de Leiro denunciados por el alcalde Francisco José Fernández. Asimismo, emitía similar sentencia al respecto de la acusación del vocal de la Entidade Menor de Berán, Tomás Lorenzo, contra el concejal del PP Luis Sobrino.
El intercambio de denuncias se producía a raíz de un pleno que fue convocado durante el pasado mes de mayo por el regidor de Leiro, en un intento de aprobar las bases para la adjudicación del balneario de Berán. Tras seis intentos fallidos de la Entidade Menor, a consecuencia de la ausencia del vocal socialista, el presidente José Luis Rodríguez había recurrido a la Corporación de Leiro para que aprobase el pliego de condiciones. No obstante, las continuas interrupciones por parte del público asistente obligaron al alcalde a suspender la sesión. Previamente había ordenado la expulsión del vecino de Leiro, Pablo Lorenzo (hermano de Tomás Lorenzo), y este se había negado a salir.
Ya fuera de la sala se producían insultos y amenazas entre socialistas y populares, lo que motivó finalmente a recurrir al Juzgado para dirimir las diferencias. Francisco José Fernández acusaba a Pablo Lorenzo por injurias y desorden público y a otro vecino, Manuel García, de injurias.
Paralelamente, Tomás Lorenzo denunciaba a Luis Sobrino por insultos y amenazas.
La sentencia ha sido absolutoria para los tres, basándose en la contradicción de las declaraciones de los testigos que fueron llamados al juicio de faltas. Asimismo, el fallo se argumenta en la falta de pruebas para desvirtuar la presunción de inocencia y en que el conflicto se había producido durante el desarrollo de un pleno muy tenso dada la importancia del tema que se abordaba.
El alcalde Francisco José Fernández anunció que recurrirá la sentencia ante la Audiencia provincial pero sólo en relación a la acusación de desorden público contra Pablo Lorenzo. El regidor entiende que las contradicciones de los testigos motivaran la absolución ante la falta de pruebas por injurias. Sin embargo, el desorden público consta en el acta del pleno y el imputado reconoció que no había abandonado la sala.
El intercambio de denuncias se producía a raíz de un pleno que fue convocado durante el pasado mes de mayo por el regidor de Leiro, en un intento de aprobar las bases para la adjudicación del balneario de Berán. Tras seis intentos fallidos de la Entidade Menor, a consecuencia de la ausencia del vocal socialista, el presidente José Luis Rodríguez había recurrido a la Corporación de Leiro para que aprobase el pliego de condiciones. No obstante, las continuas interrupciones por parte del público asistente obligaron al alcalde a suspender la sesión. Previamente había ordenado la expulsión del vecino de Leiro, Pablo Lorenzo (hermano de Tomás Lorenzo), y este se había negado a salir.
Ya fuera de la sala se producían insultos y amenazas entre socialistas y populares, lo que motivó finalmente a recurrir al Juzgado para dirimir las diferencias. Francisco José Fernández acusaba a Pablo Lorenzo por injurias y desorden público y a otro vecino, Manuel García, de injurias.
Paralelamente, Tomás Lorenzo denunciaba a Luis Sobrino por insultos y amenazas.
La sentencia ha sido absolutoria para los tres, basándose en la contradicción de las declaraciones de los testigos que fueron llamados al juicio de faltas. Asimismo, el fallo se argumenta en la falta de pruebas para desvirtuar la presunción de inocencia y en que el conflicto se había producido durante el desarrollo de un pleno muy tenso dada la importancia del tema que se abordaba.
El alcalde Francisco José Fernández anunció que recurrirá la sentencia ante la Audiencia provincial pero sólo en relación a la acusación de desorden público contra Pablo Lorenzo. El regidor entiende que las contradicciones de los testigos motivaran la absolución ante la falta de pruebas por injurias. Sin embargo, el desorden público consta en el acta del pleno y el imputado reconoció que no había abandonado la sala.
