La oficina del Instituto Galego de Consumo ha recibido ya más de 100 consultas en lo que va de mes
Las entidades bancarias de la ciudad están registrando desde el pasado lunes decenas de reclamaciones por las cláusulas suelo. Fue ese día, 23 de enero, cuando el Gobierno activó el real decreto que daba un plazo de un mes a los bancos para crear oficinas que atiendan a los clientes afectados por los suelos hipotecarios, y que piden la devolución del dinero que les han cobrado de más.
Pero antes de este pistoletazo de salida, los ourensanos ya se habían acercado a oficinas de información al consumidor, según señalan desde la OMIC, para conocer cuál era la situación de su contrato hipotecario. "Yo tengo una hipoteca a 12 años que estoy a punto de liquidar en breve, y tengo que mirar si tengo esa cláusula, porque no lo sé", explica un cliente de un banco que prefiere permanecer en el anonimato. "Mi hipoteca es de 1998, no sé si tengo eso; tengo que preguntar", señala otra cliente. Es la gran duda y lo que ha llevado a que, por ejemplo, en la oficina ourensana del Instituto Galego de Consumo, durante este mes de enero, se recibieran ya más de 100 consultas (106 en concreto) por este tema, 71 presenciales y 35 por teléfono.
Otro tanto está ocurriendo en los últimos días en la Oficina de Información al Consumidor de Ourense: "Aquí han venido en avalancha", señala Ángel Folgoso, técnico del servicio. "Lo primero que te vienen a preguntar es si realmente tienen una cláusula de este tipo, porque la mayoría no lo saben". Folgoso explica que "tal como está el decreto, no queda claro, como queríamos desde las asociaciones de consumidores, que las entidades bancarias deberían informar a sus clientes de si tenían esa cláusula, cuanto es lo que les han cobrado por ella y los intereses que hay que añadir a ese coste".
Apunta que "no está tan claro que a todos los que la tienen les convenga reclamar, porque hay que tener en cuenta que los intereses antes de 2013 estaban más altos que ahora". Es uno de los detalles que les explican en esta oficina, donde reciben "una media diaria de entre 10 y 12 consultas, aunque hay días que son bastantes más".
Julián Pérez, abogado de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), detalla que "el real decreto no dice a qué hipotecas afecta, si las que vencieron pueden reclamarse o si las de las pymes también pueden hacerlo. Por otra parte, el banco no está obligado a decir la cantidad que debe o los intereses, es el cliente el que debe ir a la entidad, con un abogado, para tener garantías de que podrán percibir su dinero, aunque pienso que serán pocos los que presenten reclamación en esta provincia y consigan realmente que les devuelvan el dinero".
Desde Abanca señalan que no tienen cláusulas suelo en sus hipotecas" porque se eliminaron a todos los clientes particulares en mayo de 2013". Y añaden: "Actualmente estamos trabajando en el procedimiento que nos permita responder a las reclamaciones tal y como dicta el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero y que tan pronto como esté cerrado se lo comunicaremos a nuestros clientes".
En todo caso, matizan que "el impacto previsible sobre las cuentas anuales de la entidad asciende a 30 millones de euros, amparados por la garantía existente al respecto en el contrato de compraventa de Abanca con el FROB".
Por su parte, desde el Banco Popular se subraya que "se dará cumplimiento a lo establecido en el real decreto Ley analizando, como ha venido haciendo hasta ahora, las circunstancias que afecten a cada cliente, revisando caso a caso y dando la solución que corresponda a cada uno de ellos".
Mientras tanto, las reclamaciones se suceden en Ourense, sean de forma directa o, la mayoría, a través de despachos de abogados.
