El economista Alberto López tiene una causa pendiente por la malversación de 400.000 euros
La Policía venezolana detuvo en las últimas horas al economista Alberto López Rodríguez, el cónsul honorífico de Costa de Marfil que figuraba en paradero desconocido desde el pasado mes de agosto tras ser interrogado por la Fiscalía de Ourense en julio, en el curso de unas diligencias informativas por la malversación de dinero de cuentas concursales, y que culminaron con la presentación de una querella criminal en el Juzgado de Instrucción 2 el 16 de octubre de 2017.
A partir de ahora, el órgano judicial iniciará un proceso de extradición, un trámite que debe acordar el Consejo de Ministros, el encargado de reclamar a las autoridades venezolanas la puesta a disposición del juzgado ourensano.
López huyó al país sudamericano, en donde tiene vínculos familiares, al saber que el ministerio público veía indicios delictivos en la apropiación de 400.000 euros asignados a tres procedimientos concursales que gestionaba en calidad de administrador por la liquidación de empresas dedicadas a la promoción inmobiliaria de la familia Otero Cerdeira de Carballiño. No obstante, el pasaporte consular del economista podría complicar el convenio de extradición existente entre España y la República de Venezuela, firmado en Caracas en enero de 1989.
En la querella, el fiscal ya pedía su detención para una comparecencia en la que pediría prisión para eludir el riesgo de fuga habida cuenta de las cantidades sustraídas y la gravedad de las penas, hasta 12 años de prisión.
Mientras el Juzgado de Instrucción 2 de Ourense cursó de inmediato una orden de busca y captura, la Fiscalía promovió una orden de detención internacional ante las sospechas de que había salido de España el pasado verano. Esta orden de detención internacional se tramitó a través de Interpol y Solicitud de Información Complementaria a la Entrada Nacional (Sirene por sus siglas en inglés) para comprobar sus movimientos en los pasos fronterizos.
No es el único procedimiento penal que López Rodríguez tiene abierto en los juzgados de la ciudad. Consta como uno de los investigados por las supuestas facturas falsas de la ayuda a domicilio del Concello cuando gobernaba el PSOE, un asunto que aún sigue en instrucción desde el año 2012.
