El alcalde que estaciona mal el coche dispara las multas a los ciudadanos de Ourense

El coche que utiliza el alcalde de Ourense, mal aparcado en la rúa do Progreso.
photo_camera El coche que utiliza el alcalde de Ourense, mal aparcado en la rúa do Progreso.
El Concello de Ourense sitúa la recaudación por sanciones de tráfico en máximos históricos, 2,1 millones de euros durante el pasado año, un millón más de lo que estaba presupuestado

La recaudación por sanciones en la ciudad de Ourense alcanza cifras máximas en los últimos dos años. O los conductores ourensanos son cada vez más irresponsables al volante o la voracidad recaudatoria se ha impuesto en el gobierno local de la tercera ciudad de Galicia. 

En 2022 y 2023 se superó la barrera de los 2 millones de euros recaudados por infracciones a la ordenanza municipal de tráfico, una barrera que solo se superó en ese bienio en los últimos 10 años, según los informes de ejecución presupuestaria del Concello.

Según estos datos, en 2022 se alcanzó un máximo de los últimos años, con 2,2 millones recaudados por parte de la Policía Local, mientras 2023 se cerró con cifras similares, con algo más de 2,1 millones. En resumen, el Concello de Ourense recauda ya una media diaria de 6.000 euros en estos conceptos. 

En el mandato anterior a la llegada de Jácome, en ningún caso la recaudación había llegado a los 2 millones, oscilando entre 1,9 y 1,5 millones de euros al año.

Cronología de la recaudación por multas del Concello de Ourense.

 

De hecho, el récord de multas de los últimos dos años no lo contemplaba el Concello de Ourense ni en sus propios presupuestos. Si bien es cierto que están prorrogados, los presupuestos en vigor contemplaban en ambos ejercicios una recaudación por sanciones de tráfico de 1,1 millones de euros, cifra que se ha superado en un millón en los dos últimos ejercicios. 

Radares a la vista

Estas cifras de récord recaudatorio de la Policía Local contrastan, por un lado, con la puesta en marcha de nuevo del conocido como “multamóvil” que en los últimos días ya ha sido visto en diferentes calles de la urbe. Y todo apunta a que el alza de multas para las arcas municipales seguirá creciendo, ya que está por llegar la instalación de siete radares fijos de velocidad. El Concello firmó a finales de enero el contrato para su instalación con Valoriza- también incluye la colocación de 17 cámaras en los accesos al Casco Vello-, la empresa elaboró un proyecto que ahora deberá ser refrendado por el alcalde y, a partir de ahí, habrá tres meses de plazo para la colocación de estos cinemómetros, que podría estar lista este verano. Todo ello después de más de un año de retraso, fruto de los retrasos en la licitación, después de que una empresa denunciase la baremación y provocase un atasco en los distintos procedimientos. 

Los radares estarán repartidos por distintos barrios de la localidad, desde A Ponte hasta Seixalbo. El objetivo de los mismos es reducir los accidentes de tráfico al limitar y multar los excesos de velocidad. 

 El presupuesto de la colocación, únicamente, de estos ocho nuevos radares que se encontrarán en las calles de Ourense será de 249.500 euros, pues cada radar fijo vale 32.950 euros y el radar móvil 18.850.

Tráfico sin pacificar

Este bum de sanciones no ha calmado el tráfico de la ciudad, que sigue a la espera de la implantación del ya aprobado -pero desechado por Jácome- plan de movilidad. El propio Concello reconoce que algo no va bien y la semana pasada anunciaba que intensificará la vigilancia y control para evitar el estacionamiento indebido de vehículos en las paradas reservadas para autobuses urbanos. El propio regidor dio orden directa a la Policía Local para que priorice este apartado “coa finalidade de previr a proliferación de coches aparcados en diferentes paradas, como se ten detectado recentemente na do Pavillón dos Remedios, entre outras”. 

Horas extra

Mientras tanto, este subidón recaudatorio compensa, por otra parte, el alza de horas extras en el cuerpo, que según publicaba este periódico, rondaron los 900.000 euros entre 2022 y 2023, precisamente los dos ejercicios en que se marcaron cifras máximas de sanciones, casi un millón de euros por encima de lo inicialmente presupuestado.

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