El regidor de Ourense, Agustín Fernández, o el de Carballiño, Argimiro Marnotes, entre los políticos con causas pendientes.
La verdad es que la imputación de políticos está a la orden del día en las instituciones, en este caso tanto en la Diputación como en el Concello de Ourense, donde gobiernan fuerzas políticas diferentes; por tanto, es harto difícil, menos para Baltar y Vázquez, reivindicar medidas drásticas en una cuando en la institución de al lado ocurre exactamente lo mismo.
La institución provincial tiene actualmente tres diputados populares, y alcaldes, en esa situación: Argimiro Marnotes, regidor de Carballiño, por la Operación Pokemon; Antonio Pérez, de Xinzo, por prevaricación en la contratación de personal, y Xosé Manuel Freire Couto, de Barbadás, por una presunta trama urbanística.
A 500 metros, en la Praza Maior, al regidor socialista Agustín Fernández se suman la edil de Urbanismo, Áurea Soto, que acumula hasta tres imputaciones relacionadas con su departamento y la calle Bedoya, y Marga Martín, que cuenta con dos, el servicio de ayuda a domicilio y por la adjudicación de la obra de esa calle.
