Hace un año que el nombre de Cristina Rodríguez protagonizó las crónicas de sucesos de todo el país. La mujer, de 26 años, confesó haber drogado, asfixiado, quemado y descuartizado a su cita de Tinder, José María Roldán, un catalán de 53 años que se había trasladado a la provincia y le había dicho que “estaba enamorado”.
Ahora, un año después, el caso está paralizado. La defensa pretende que Cristina Rodríguez sea trasladada a un psiquiátrico, con el juzgado y la fiscalía en contra de la medida. Mientras esto ocurre, el Instituto de Medicina Legal continúa sin emitir el informe sobre su estado mental -solicitado doce meses atrás-.
Por otra parte, Rodríguez continúa ingresada en la prisión de A Lama (Pontevedra). Y ya intentó suicidarse un par de veces más, tentativas que se suman a las siete que trató de llevar a cabo a principios de año. Después de reconstruir el crimen, Cristina ingresó preventivamente en la prisión de Pereiro y, más tarde, la trasladaron al centro penitenciario de A Lama. Allí, en marzo cometió dos tentativas: bebió la lejía de la que disponían para limpiar las celdas, fue trasladada al hospital y reingresó de nuevo en la cárcel. En otras ocasiones también trató de ingerir las pilas de los mandos de la sala de televisión o utilizó las sábanas de su cama para improvisar una soga con la que ahorcarse.
Por este motivo, en la cárcel se tomó la medida de aislar a la reclusa en una celda acristalada -separada del resto de internos- y ponerle vigilancia 24 horas, para evitar que se vuelvan a repetir los intentos autolíticos. También se le recetaron fuertes calmantes que tome diariamente. El centro penitenciario emitió un comunicado sobre su estado en el que asumen que no se pueden hacer cargo de ella. Además, solicitaron en dos ocasiones al juzgado su ingreso en un centro psiquiátrico. Sin embargo, como no tienen la potestad de pedir su puesta en libertad y su entrada en un centro de salud mental ordinario, requirieron que pudiese acceder a un centro penitenciario psiquiátrico.
Sin acusación particular
Por el momento, la familia de la víctima, que reside en Castelldefels (Barcelona), no se personó como acusación particular en el caso. Se mantienen al margen.
