La concejala de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto, arremetió ayer contra el PP y Democracia Ourensana -que, a su juicio, 'son lo mismo'-, porque, según dijo, 'su mayor preocupación es impedir la gestión del gobierno municipal'. Es más, la concejala aseguró que el PP estaría 'encantado con que pudiera quebrar el Concello, intentando que no se defiendan las falcatruadas realizadas por ellos durante los 12 años de su mandato' y 'nosotros intentando en esta marejada defender únicamente el interés público y municipal'.
Las declaraciones de Áurea Soto parten de la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 que anula la licencia de ocupación y ordena el cierre de la residencia universitaria. Una resolución judicial que el Concello recurrirá -por lo que ese cierre no se hace efectivo- basándose en que 'los servicios jurídicos entienden que dejando el aval (económico) de las obras de urbanización, que son traseras, no de acceso, se cubría esa garantía. Y así se hizo, como se llevaba haciendo aquí', según explicó Áurea Soto, en referencia a 'viviendas unifamiliares de Oira o multitud de traseras en A Ponte'.
La concejala criticó la política urbanística llevada a cabo por el PP y que los populares le recriminan 'que recriminar que estemos intentando lo que entendemos que hay que defender como interés público, que en este caso es la residencia universitaria, y evidentemente no ceder a las pretensiones de ilegalidad de un promotor local', en referencia a la empresa Casas Orense, la empresa que presentó el recurso contra la licencia de la residencia universitaria y que ayer se remitía al contenido de esta sentencia.
Así, la licencia de obra de estas instalaciones se remonta a 2001, cuando gobernaban los populares, pero no fue hasta 2010 cuando este promotor requirió el cierre de la residencia por no tener la licencia de ocupación. Soto relacionó este recurso judicial con el hecho de que el Concello le obligase a ceder el 10% del aprovechamiento en un área de reparto próxima (APE 02E). No obstante, la sentencia que ahora ordena el cierre de la residencia anula la licencia de ocupación, otorgada ya por el actual grupo de gobierno, al considerar que las obras de urbanización incluidas en el proyecto por el que se otorgó licencia no fueron realizadas.
Además de este recurso, Soto enumeró otros promovidos por este empresario contra el Concello -nueve, según ella-.
La concejala criticó la política urbanística llevada a cabo por el PP y que los populares le recriminan 'que recriminar que estemos intentando lo que entendemos que hay que defender como interés público, que en este caso es la residencia universitaria, y evidentemente no ceder a las pretensiones de ilegalidad de un promotor local', en referencia a la empresa Casas Orense, la empresa que presentó el recurso contra la licencia de la residencia universitaria y que ayer se remitía al contenido de esta sentencia.
Así, la licencia de obra de estas instalaciones se remonta a 2001, cuando gobernaban los populares, pero no fue hasta 2010 cuando este promotor requirió el cierre de la residencia por no tener la licencia de ocupación. Soto relacionó este recurso judicial con el hecho de que el Concello le obligase a ceder el 10% del aprovechamiento en un área de reparto próxima (APE 02E). No obstante, la sentencia que ahora ordena el cierre de la residencia anula la licencia de ocupación, otorgada ya por el actual grupo de gobierno, al considerar que las obras de urbanización incluidas en el proyecto por el que se otorgó licencia no fueron realizadas.
Además de este recurso, Soto enumeró otros promovidos por este empresario contra el Concello -nueve, según ella-.
