La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, acudió ayer al Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense para declarar, en calidad de imputada, a raíz de la denuncia presentada en su día por Democracia Ourensana que, no obstante, no es acusación popular al no formalizar la fianza.
Sí lo es Cristina Rodríguez, hija del promotor Bautista Rodríguez, que denuncia a la concejala por dos presuntos delitos de prevaricación -uno relacionado con las licencias concedidas para la regularización de la plaza de San Antonio y otro por no responder un recurso presentado por ella- y otro supuesto delito de malversación de fondos públicos, por la indemnización de 358.000 euros concedida a la denunciante de la ilegalidad de la plaza.
Aunque no quiso hacer declaraciones al respecto, la concejala esgrimió como argumento principal de su defensa el auto del Tribunal Superior de Xustiza, de enero de 2009, en el que los magistrados consideraban que la licencia de uso privado de un subsuelo público (la del parking de esa plaza) se ajustaba a la normativa vigente en aquel momento, el Plan Xeral de 2003. Sobre la indemnización a la denunciante, la edila alegó en su declaración -a la que no acudió el Ministerio Fiscal- que tenía informes técnicos al respecto. También alegó que, cuando no se cumple una sentencia -en este caso, el derribo de toda la urbanización de la plaza-, la ley contempla la compensación al denunciante con una indemnización.
El alcalde, Agustín Fernández, aseguró ayer que no sólo pone la mano en el fuego por Áurea Soto sino que 'me tiro ao inferno por ela. Non só eso, responsabilizaríame con ela do que pase neste xuízo'. En la instrucción de este caso también declaró como testigo el asesor jurídico del Concello, Luis Tros, por sus informes en este tema.
Aunque no quiso hacer declaraciones al respecto, la concejala esgrimió como argumento principal de su defensa el auto del Tribunal Superior de Xustiza, de enero de 2009, en el que los magistrados consideraban que la licencia de uso privado de un subsuelo público (la del parking de esa plaza) se ajustaba a la normativa vigente en aquel momento, el Plan Xeral de 2003. Sobre la indemnización a la denunciante, la edila alegó en su declaración -a la que no acudió el Ministerio Fiscal- que tenía informes técnicos al respecto. También alegó que, cuando no se cumple una sentencia -en este caso, el derribo de toda la urbanización de la plaza-, la ley contempla la compensación al denunciante con una indemnización.
El alcalde, Agustín Fernández, aseguró ayer que no sólo pone la mano en el fuego por Áurea Soto sino que 'me tiro ao inferno por ela. Non só eso, responsabilizaríame con ela do que pase neste xuízo'. En la instrucción de este caso también declaró como testigo el asesor jurídico del Concello, Luis Tros, por sus informes en este tema.
