La ya ex edil formalizó el lunes su salida de la dirección local del PSOE y en breve renunciará por escrito a su asiento en el Comité Nacional Galego
La concejala del PSOE en Ourense Áurea Soto, que anunció este lunes su renuncia al acta en el Ayuntamiento de Ourense tras confirmarse que habrá de sentarse en el banquillo por un supuesto delito de prevaricación urbanística, abandona todos sus cargos orgánicos en el partido.
En concreto, según fuentes socialistas consultadas, también el lunes formalizó su salida de la dirección local del PSOE y en breve renunciará por escrito a su asiento en el Comité Nacional Galego.
De este modo da cumplimiento al código ético socialista, que obliga a todos los cargos públicos y orgánicos a los que se abra juicio oral por un procedimiento penal a dimitir. Asimismo, requiere que soliciten la baja voluntaria del partido.
Al respecto, otras fuentes de la formación a nivel local han indicado que la exconcejala de Urbanismo prevé solicitar la baja "en próximos días".
En este escenario, la directiva municipal ha emitido un comunicado en el que valora la dimisión de Soto de sus cargos institucionales y orgánicos y reivindica su "honestidad personal y política", así como su "ejemplaridad" en la asunción del citado código ético.
SUSTITUTO
En cuanto al sustituto de Áurea Soto en el Consistorio ourensano, la secretaria de Organización del PSdeG, Pilar Cancela, ha explicado a Europa Press que le correspondería a José Ramón Fernández Morgade.
No obstante, ha puntualizado que este extremo todavía "no fue analizado ni consultado" con las ejecutivas local y provincial del PSOE en Ourense. "En esta semana se sabrá algo", ha comentado.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Un decreto del alcalde Agustín Fernández, con fecha del lunes, revocó las competencias delegadas en la edila Áurea Soto en septiembre de 2014 en materia de Urbanismo, Infraestructuras, Servicios Generales, Contratación y Sistemas de Información y la pérdida "del derecho a percibir retribuciones por dedicación exclusiva otorgado en octrubre de 2012".
En el mismo decreto, el regidor revoca el nombramiento de Áurea Soto Vázquez, en diferentes fechas, como presidenta de la comisión de pleno, presidenta de la junta de área de Servicios Generales y de la junta de área de Urbanismo.
La retirada de las competencias se formalizará en la junta de Gobierno local de este jueves, y se dará cuenta de ella al pleno en la primera sesión que se celebre. Según lo anunciado en rueda de prensa por la propia edila, en la primera sesión plenaria -previsiblemente, la ordinaria de febrero- hará entrega de su acta de edila.
El viernes día 9 de enero se dio a conocer el auto judicial de apertura de juicio oral contra Áurea Soto y el abogado Carlos H.L., como "autora directa" y "colaborador", respectivamente, en un posible delito de prevaricación urbanística por el que el fiscal pide 10 años de inhabilitación para cargo y empleo público.
"NO BENEFICIA A NINGÚN PARTIDO"
En medio de esta situación, la concejala de Participación Ciudadana, María Devesa, considerada parte del grupo de ediles denominados 'díscolos', ha juzgado que la situación de Soto "no beneficia a ningún partido político".
En rueda de prensa, ha explicado que no acudió a la comparecencia de su compañera -al igual que los otros cuatro 'díscolos'- porque desconocía que estaba convocada al haberse pasado el fin de semana "enferma"
"Lamento que nuestra ausencia sirva y se vea como separación, porque no fue nada de eso, simplemente ni me enteré ni ninguno de nosotros era conocedor, pero no por división interna", ha abundado. "Sí puedo decir que, con posterioridad, Soto me dijo personalmente que preferiría haber dado la rueda de prensa sólo con el alcalde delante", ha apostillado.
Al margen de este asunto, ha aprovechado para reclamar que se resuelva "ya" su expediente de suspensión de militancia, abierto tras desmarcarse del alcalde en una votación plenaria junto con los otros cuatro concejales mencionados.
"No tenemos ningún tipo de resolución y consideramos que debe haberlas, porque hoy tenemos todas las obligaciones de cualquier militante de un partido y sin los derechos", ha demandado María Devesa.
