Un auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense archivó la querella interpuesta por Jorge Víctor Gil Carnicer contra la concejala de Urbanismo, Aurea Soto, por el derribo y construcción de un muro de cierre del centro de desinfección del Matadero municipal de Ourense.
La edil estaba imputada por un supuesto caso de prevaricación administrativa pero el archivo y sobreseimiento provisional de la causa la libera de esa situación legal, aunque se mantiene contra ella otra imputación, también por prevaricación administrativa, en este caso por la concesión de licencia al aparcamiento subterráneo de la Plaza de San Antonio.
El archivo del proceso relacionado con el muro se conoció en el pleno municipal de ayer, cuando lo anunció la propia Soto después de escuchar en reiteradas ocasiones como el portavoz municipal del PP, Rosendo Fernández, la calificaba de 'bi-imputada'.
Gil Carnicer acusaba a Aurea Soto de haber concedido 'a sabiendas una licencia municipal para la realización de un cierre en el Matadero municipal contraria a derecho'. Pero el magistrado no ha visto 'ningún indicio que lleve a pensar que por parte de la imputada se puede haber incurrido en un delito de prevaricación'. Señala que 'la resolución discutida fue dictada' por Soto 'por delegación de la junta de gobierno' y que el decreto elaborado por la edil de Urbanismo 'descansaba sobre informes técnico-jurídicos favorables', siendo éstos 'ratificados por sus autores' en sus declaraciones ante el juez.
Así, reitera el juez que los hechos acreditados no han sido constitutivos de delito, sin que se haya encontrado 'infracción criminal' alguna en la concejala por este asunto. Es más, el magistrado considera que el querellante, que debe pagar las costas del proceso, actuó con temeridad manifiesta.
El archivo del proceso relacionado con el muro se conoció en el pleno municipal de ayer, cuando lo anunció la propia Soto después de escuchar en reiteradas ocasiones como el portavoz municipal del PP, Rosendo Fernández, la calificaba de 'bi-imputada'.
Gil Carnicer acusaba a Aurea Soto de haber concedido 'a sabiendas una licencia municipal para la realización de un cierre en el Matadero municipal contraria a derecho'. Pero el magistrado no ha visto 'ningún indicio que lleve a pensar que por parte de la imputada se puede haber incurrido en un delito de prevaricación'. Señala que 'la resolución discutida fue dictada' por Soto 'por delegación de la junta de gobierno' y que el decreto elaborado por la edil de Urbanismo 'descansaba sobre informes técnico-jurídicos favorables', siendo éstos 'ratificados por sus autores' en sus declaraciones ante el juez.
Así, reitera el juez que los hechos acreditados no han sido constitutivos de delito, sin que se haya encontrado 'infracción criminal' alguna en la concejala por este asunto. Es más, el magistrado considera que el querellante, que debe pagar las costas del proceso, actuó con temeridad manifiesta.
