La alcaldesa en funciones y concejal de Urbanismo, Áurea Soto, acusó ayer a la oposición de retrasar la puesta en marcha del plan diseñado para el área de As Burgar. En una comparecencia en la que realizó un relato pormenorizado de todo el proceso administrativo seguido en torno a este Bien de Interés Cultural, la concejal llegó a apelar a los votantes de la ciudad para que exijan responsabilidades a sus representantes en la Corporación para que dejen de frenar este proyecto.
Áurea Soto se remontó al año 2000, cuando el entonces gobierno del PP logró recalificar una parcela con 2.330 metros cuadrados edificables, pasando a 19.232 metros cuadrados. A la concejal siempre le pareció 'misterioso' que se lograra esta recalificación en el plazo récord de dos meses, mientras que para revertir aquella situación y reducir la edificabilidad en 15.000 metros cuadrados se necesitaron tres años, 'y eso después de que la empresa que impulsó aquella recalificación, Xardín de As Burgas, secase las fuentes termales', lo que llevó a la declaración de la zona como BIC en el año 2007.
Tras relatar los pasos seguidos en todo este largo proceso de recuperación de aquella zona termal, que culminó en 2012 con la aprobación del área de reparto y reparcelación, el estudio hidráulico de la zona y las estimaciones económicas, señaló que lo más urgente, en estos momentos, es activar el proceso de expropiación en la zona afectada, tal y como se aprobó en un pleno en marzo de 2013, tras respaldar todos los grupos una moción presentada por el BNG.
FALTA DE RESPONSABILIDAD
La concejal de urbanismo recordó intervenciones realizadas en aquella y en otras sesiones plenarias por representantes del PPdeG y BNG, en las que demandaban actuar con urgencia, lo que se contradice, según Soto, con la actitud que mantuvieron al rechazar la declaración de urgencia del pleno convocado para el pasado día 14, con el que se pretendía desbloquear este proyecto.
La actitud de la oposición frenando la celebración de este pleno extraordinario fue, según Soto, 'una falta de responsabilidad' . 'Nosotros hicimos nuestro trabajo y todas las gestiones necesarias', señaló, pero al carecer el grupo de gobierno de mayoría absoluta, la oposición tiene que ser responsable y respaldar una iniciativa tan importante para la ciudad. Por ello, la concejal apeló a los vecinos de Ourense. 'Aquí estamos 25 concejales y el gobierno sólo tiene 11, por lo que si se paraliza el proyecto de As Burgas por culpa de la oposición, los ciudadanos deben exigir responsabilidades a sus representantes'.
Soto estimó que el coste de estas expropiaciones asciende a un millón de euros.
Tras relatar los pasos seguidos en todo este largo proceso de recuperación de aquella zona termal, que culminó en 2012 con la aprobación del área de reparto y reparcelación, el estudio hidráulico de la zona y las estimaciones económicas, señaló que lo más urgente, en estos momentos, es activar el proceso de expropiación en la zona afectada, tal y como se aprobó en un pleno en marzo de 2013, tras respaldar todos los grupos una moción presentada por el BNG.
FALTA DE RESPONSABILIDAD
La concejal de urbanismo recordó intervenciones realizadas en aquella y en otras sesiones plenarias por representantes del PPdeG y BNG, en las que demandaban actuar con urgencia, lo que se contradice, según Soto, con la actitud que mantuvieron al rechazar la declaración de urgencia del pleno convocado para el pasado día 14, con el que se pretendía desbloquear este proyecto.
La actitud de la oposición frenando la celebración de este pleno extraordinario fue, según Soto, 'una falta de responsabilidad' . 'Nosotros hicimos nuestro trabajo y todas las gestiones necesarias', señaló, pero al carecer el grupo de gobierno de mayoría absoluta, la oposición tiene que ser responsable y respaldar una iniciativa tan importante para la ciudad. Por ello, la concejal apeló a los vecinos de Ourense. 'Aquí estamos 25 concejales y el gobierno sólo tiene 11, por lo que si se paraliza el proyecto de As Burgas por culpa de la oposición, los ciudadanos deben exigir responsabilidades a sus representantes'.
Soto estimó que el coste de estas expropiaciones asciende a un millón de euros.
