Dice que la decisión de Bouzán y Suárez Martínez de compatibilizar su labor política y técnica no es entendible "ni ética ni moralmente"
La compatibilidad de dos cargos electos del PP con su labor de funcionarios en la Diputación provincial ha provocado un conflicto interno en la institución provincial, hasta el punto de que su presidente, Manuel Baltar, los ha instado a prescindir de algunas de sus responsabilidades en el Pazo provincial para poder mantener sus puestos políticos. Se trata del ahora alcalde de Monterrei, José Luis Suárez Martínez, a la vez jefe del servicio de Personal en la Diputación; y de Francisco González Bouzán, director del Centro Cultural Marcos Valcárcel y de la Escola de Artes y Oficios; que es también primer teniente de alcalde en la ciudad, y edil de Cultura, Personal y Seguridad Ciudadana.
Baltar Blanco, que ya les planteó verbalmente -antes de tomar posesión de sus cargos electos- la necesidad de prescindir de algunas responsabilidades en el Pazo provincial por razones "éticas" y "morales" -esas atribuciones van acompañadas de notables complementos retributivos-, ha optado finalmente por enviarles un escrito oficial, a través del Registro general de la institución provincial, recordándole, según explicó el propio Baltar, que su puesto político y, por tanto, partidista no es compatible "moral ni éticamente", ni tampoco "entendible" con su responsabilidad institucional.
Esa compatibilidad es legal, reconoce el presidente y lo alegaron así los afectados, y Baltar no puede retirarle competencias por la fuerza, pero ya ha anunciado que modificará la Relación de Puestos de Trabajo de la institución para obtener prerrogativas que le permitan, por ejemplo, destituir a un jefe de servicio. Ahora, señala, existe un procedimiento muy viciado ya que ata al político de turno frente a estas cuestiones, que Baltar considera inadmisibles.
Hay un tercer caso, que realmente no es tal. Se trata de José Cudeiro, actual edil de Urbanismo en la ciudad, que sí planteó a Baltar su futuro en la institución como asesor del presidente si resultaba elegido concejal. Y ambos consensuaron que siguiera como tal -su labor la presta al presidente en cualquier momento y es, además, personal de confianza- y cobrando con cargo a la Diputación, para liberar una exclusividad en el Concello.
Otra cosa, precisa el propio Baltar, es la de González y Suárez, que son funcionarios por oposición. La mezcla de sus actividades como tales y como políticos la considera "inadmisible", insiste, en un momento en que hay que apelar a la "credibilidad" de las instituciones.
A Suárez Martínez, dice, le advirtió hace meses de que "no me parecía bien" que fuese alcalde y jefe de servicio y le pidió una propuesta de renuncia a esa responsabilidad, conservando su puesto de funcionario y compensando la pérdida económica con las dietas del Concello.
Pero no obtuvo respuesta, asegura, como tampoco de González Bouzán, desde el martes de descanso por enfermedad. Le llamó, relata, y le propuso un planteamiento similar al del alcalde de Monterrei, pero también fue en vano; de ahí que acabase redactando el escrito oficial instando a ambos a realizar esos cambios en sus trabajos de funcionarios para mantener los cargos políticos; aún reconociendo que pueden apelar a la legalidad de esa compatibilidad que considera que daña a la imagen del partido, a las instituciones donde desarrollan sus actividades y a ellos mismos, tanto en cuestión de imagen como del propio desempeño de sus tareas, por la dificultad de compatibilizar las responsabilidades de técnicos con las de políticos.
