El expresidente de la Diputación recurrirá la sentencia que le condena a nueve años de inhabilitación por las contrataciones
Finalmente, el expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, fue condenado a nueve años de inhabilitación especial -no podrá ejercer ningún trabajo en la función pública ni ser cargo electo- por un delito de prevaricación, al contratar a 104 trabajadores, en el primer trimestre de 2010, "con la conciencia de que faltaban los principios básicos de cualquier contratación pública, como es la publicidad de dichos contratos para que cualquier persona pudiera acceder, privando el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad".
La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense, Caterina González, concluye con estos y otros argumentos que Baltar Pumar se saltó las normas y eludió el "requisito básico e irrenunciable que es la publicidad", aunque no relaciona esas contrataciones con la celebración del congreso provincial del PP -como pretendían las acusaciones particulares ejercidas por Manos Limpias y el PSOE-, que el 30 de enero de ese año encumbró a la presidencia provincial a Manuel Baltar Blanco. Por ello, José Luis Baltar no cree que aquella elección haya quedado ensombrecida, pues "pois gañouse o congreso por case 400 votos", más que suficientes. En todo caso, el expresidente de la Diputación ya anunció que recurrirá la sentencia porque "non vou pagar o pato por algo do que non teño responsabilidade", discrepa por completo de sus argumentos y asegura tener la conciencia "tranquila; ao mellor outros non a teñen tanto", en relación previsiblemente a los altos funcionarios, particularmente el jefe de Personal, José Luis Suárez, que le responsabilizaron de los contratos irregulares.
José Luis Baltar entiende que su actuación en aquel proceso de contratación no debe ser motivo de prevaricación, porque insistió en que ni el jefe de Personal ni el secretario general, Francisco Cacharro, le advirtieron de la irregularidad que se producía. Ahora, llegado este punto, también precisa que la resolución judicial no le produce quebranto alguno; además de recurrirla, pues no es firme, "non me afecta en nada", ya que el expresidente está retirado de la política desde hace dos años y medio.
La argumentación
La jueza, sin embargo, sí aprecia la comisión del delito de prevaricación. Dice que el acusado "omitió" en el proceso de selección de las 104 personas contratadas los requisitos necesarios aún produciéndose por la vía de urgencia, como alegó la defensa de Baltar en el juicio. Porque no se realizó la fiscalización previa ni la oferta se publicó en el BOP ni en el tablón de edictos de la Diputación, trámites que manda la ordenanza provincial incluso en estos casos extraordinarios.
Por ello, la jueza entiende que cometió un delito continuado de prevaricación, ya que tampoco quedó debidamente justificada la urgencias de las contrataciones pues "existen graves deficiencias", ya que, según la sentencia, "muchos de los contratos carecían del preceptivo informe de necesidad o supuestamente se habían realizado de forma verbal, lo que no deja de ser una irregularidad". La jueza otorga credibilidad al jefe de Personal y considera que "no es lícito que en aras de una finalidad o propósito, por muy encomiable que sea o parezca, la norma sea desconocida o burlada". Señala, además, que "parece que la Diputación era una empresa privada", que simplemente "contrataba a quien parecía oportuno al acusado".
