Unos 60 bomberos y policías locales de la ciudad irrumpieron este jueves en el Concello de Ourense, hartos de concatenar dos meses sin percibir el 40% de sus salarios, entre 550 y 700 euros menos de lo que les corresponde, debido a que la anulación del capítulo de personal de los presupuestos por parte de la Justicia provoca una aminoración de crédito que hizo que la intervención no fiscalizase el cobro de pluses, por “insuficiencia” presupuestaria. En total son 180 los trabajadores del Concello afectados por los impagos.
El gobierno local volvió a descargar toda la culpa en el interventor, ocultando que los bomberos y policías habrían cobrado todo su salario estos dos meses si el gobierno local hubiese ejecutado el acuerdo tomado en junta de gobierno local en septiembre de 2021 en la que se aprobó, siguiendo la jurisprudencia de Tribunal Supremo, reconocer al personal municipal que desarrolla su jornada ordinaria en noches y festivos la percepción de los pluses de nocturnidad y festividad como parte de sus retribuciones fijas mediante un complemento específico.
Reunión de este jueves
Policías, bomberos y algunos trabajadores de otros servicios municipales no han recibido los pluses de nocturnidad y festividad en sus nóminas de marzo y, según les adelantaron, tampoco lo hará en las de abril. Además, el conjunto de los trabajadores municipales sigue sin cobrar el incremento del 0,5%, pendiente de aplicación de 2023. Esto sucede como consecuencia de la sentencia judicial que tumba el capítulo I de los presupuestos en vigor (prorrogados desde 2020), y obliga a retrotraerlos a los del año 2014, tras una denuncia del sindicato CSIF, por no haber negociado con la parte sindical. Esto supone que se aminoran los créditos disponibles en personal en cuatro millones de euros, y han provocado que durante dos meses seguidos la Intervención no fiscalizase los pluses que perciben bomberos y policías, al sostener que no hay crédito suficiente para pagarlos en la bolsa correspondiente.
En el edificio se reunieron los trabajadores junto a Oliver y Cacharro, en presencia de personal de confianza de Jácome. Allí, descargaron toda la responsabilidad en el interventor y se comprometieron, a petición de los trabajadores, a mantener de manera “inmediata” una mesa de trabajo para buscar una solución, a partir del 7 de mayo.
¿Y ahora qué?
El gobierno local se comprometió a buscar soluciones de cara a la nómina de mayo, para poder incluir los pluses. Todo sería más fácil si el gobierno local hubiese hecho los deberes. La ley exige que el 1 de marzo esté la liquidación del ejercicio anterior. Si así fuera, el gobierno de Jácome podría aprobar modificaciones de crédito y aumentar la partida de personal para asegurar el pago de pluses. Pero, como en años anteriores, la cosa va con retraso y no se prevé que esté hasta julio.
Además, fuentes sindicales consultadas, mediante decreto el alcalde podría aplicar el acuerdo de 2021 en el que se comprometían a pasar los pluses a complementos específicos fijos.
La portavoz del PSOE, Natalia González, señaló este jueves a Jácome como “único culpable” de los impagos y demoras en el abono de nóminas y pide “transparencia e solucións urxentes”. La socialista exige al regidor que “dea a cara” y solucione los problemas generados por el “desastre” de su gestión y de sus “cambalaches” en la política de Personal.
Por su parte, Luis Seara, portavoz del BNG, pide “solucións inmediatas” y también señaló al gobierno local como “único responsable”. En este sentido, la formación nacionalista recuerda que ya advirtió hace dos meses de la “chapuza monumental” que suponía la anulación del capítulo I de los presupuestos, “unha responsabilidade compartida de PP e DO” por haber elaborado unos presupuestos “a sabendas de que era ilegal”. En relación con los atrasos en los bomberos, el BNG recuerda que “non estariamos nesta situación se, no seu día, se executase o acordo acadado na xunta de goberno en 2021”.
