Los cambios en la ley reducen los envíos a prisión provisional en las operaciones de Ourense

Ourense ha vivido dos grandes operaciones policiales durante el mes de abril: la primera, la denominada “Operación Al Andalus”, en la que cinco personas acabaron detenidas por la Policía Nacional tras una serie de registros en O Couto, O Vinteún y Rabo de Galo. La segunda, la conocida como “Operación Vozka”, ejecutada por la Guardia Civil y que se saldó con otros seis detenidos. Ambas contaron con un gran despliegue de agentes y se saldaron con confiscaciones cuantiosas tras dos años de investigación en el caso de la “Operación Vozka”. Pero cuando todos los arrestados comparecieron ante el juez, todos salvo uno quedaron en libertad con cargos. ¿Cómo actuaba la red ourensana desarticulada en la operación Vozka? ¿A qué se debe esta situación? Arturo González, exdecano del Colegio de Abogados de Ourense, y socio de ARL Abogados, explica que “para decretar prisión provisional hay que valorar primero los indicios de delito, que haya peligro de destrucción de pruebas o peligro de volver a delinquir. El último supuesto es el riesgo de fuga. Es lo que debe valorar un juez, y en cada juzgado puede tomarse una decisión distinta. Hay jueces muy duros y otros que tienen manga ancha”. El quid de la cuestión estaría en una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) donde cambió uno de estos supuestos: se introdujo el riesgo de volver a delinquir sustituyéndolo por el concepto de alarma social que existía previamente. El juez José Antonio Vázquez Taín lo explica de esta manera: “Eliminaron la alarma social y pusieron la reiteración delictiva. Eso hace que muchos reincidentes por pequeños delitos puedan ser enviados a prisión. En cambio, a esos delincuentes que nunca se les había cogido antes, que no presentan reiteración delictiva, y con la investigación muy avanzada… los jueces, sobre todo los de instrucción, son reacios al ingreso en prisión”, comenta el magistrado. El papel de la fiscalía La otra pata de este banco se encuentra en la actuación de la Fiscalía, que es quien debe pedir la aplicación de la prisión provisional o medidas cautelares. Y, según Vázquez Taín, el ministerio fiscal es reacio a solicitar la prisión. “La Fiscalía tiene la instrucción de rebajar la población penitenciaria, y entonces pide menos la medida. Y nos encontramos que en fenómenos como la delincuencia organizada, los fiscales no piden prisión, y los jueces creen que no hay riesgo de fuga”, asegura el juez. Arturo González, de ARL Abogados, pone el foco también en el ministerio fiscal, afirmando que “para que se pueda decretar la prisión provisional o cualquier medida cautelar, tiene que solicitarlo el fiscal o la acusación particular. Si no se pide, el juez, aunque quiera, no puede aplicarla”. Medida extraordinaria Tanto el magistrado como el penalista coinciden en otro aspecto, que el envío a prisión provisional debe ser extraordinario y muy bien justificado, tal y como marca la jurisprudencia. Arturo González entiende que “todo dependerá del debate y pruebas presentadas durante la instrucción. Ahí el juez debe tomar la decisión, y si eres un juez garantista, privar a alguien de su libertad no es fácil. No olvidemos que la prisión provisional te priva de libertad sin haber sido juzgado”, apunta. Una perspectiva que refrenda Taín, añadiendo que “hay un principio muy asentado: la prisión provisional no puede ser un cumplimiento anticipado de la condena. Y nos encontramos con unos tribunales que hacen una interpretación quizá muy laxa”. La fuga del líder de la llamada “Mocro Maffia”, un ejemplo de descoordinación