Cuando la dueña de un tercero A en la calle Peña Nofre en la ciudad entró de nuevo en la vivienda, después de casi ocho años, no daba crédito. La casa poco se parecía a la que había alquilado en septiembre de 2013. “Aquello era una pocilga”, aseguró ayer en la sala de vistas del Penal 2. En ese momento, en mayo de 2021, estaba embarazada y, según relató, la comisión judicial encargada del desahucio de la inquilina por impagos reiterados le dijo que no entrase “porque podía pillar una infección”. No sólo había mucha suciedad con cuencos tirados en el suelo sino que electrodomésticos y muebles presentaban desperfectos, con el parqué del suelo hecho unos zorros. La dueña fue tajante: “Los muebles estaban todos podridos”.
La sorpresa llegó cuando los agentes encontraron dos gatos muertos, uno de ellos, de raza persa, en el armario.
Pero la acusada de un delito de maltrato animal por dejar morir de hambre y sed a sus mascotas y otro de daños, por los destrozos en los enseres, asegura que esos felinos no eran de ella, aunque la fiscal ironizó con las escasas opciones que tienen los gatos callejeros de trepar a una tercera planta. “Yo tenía una gatita persa que se vino conmigo cuando dejé el piso y falleció el año pasado”, aseguró la ex inquilina e inculpada Ana Belén A.R. Negó que las mascotas fueran suyas pero también que hubiera provocado los desperfectos. Admitió alguno en los electrodomésticos pero fruto del desgaste. “Hice una mudanza rápida u no hice una limpieza intensiva pero no lo dejé así”, explicó en la sala de vistas.
La joven se presentó como víctima de una comunidad hostil. Abandonó a finales de agosto de 2020 la vivienda que había arrendado porque, según su versión, la comunidad de vecinos le cortó el agua fría.
Pero, según la arrendadora, promovió un proceso de lanzamiento (desalojo) por la falta del pago de la renta de forma reiterada. Había intentado hablar con ella en numerosas ocasiones, pero no le abría la puerta y hasta cambió el número de teléfono en dos ocasiones, aseguró la denunciante. Los vecinos le hicieron llegar quejas “porque olía muy mal y se escuchaban ruidos de animales.
El juicio tendrá una segunda parte porque faltaba por citar un policía local que entró al piso y dio fe del estado del mismo. La acusación pública reclama ocho meses de prisión por el maltrato animal y 15 meses multa, a razón de seis euros al día, por el delito de daños. En caso de que prospere una sentencia condenatoria, la fiscal también pide que la acusada no pueda tener mascotas durante tres años y medio.
