PROPIEDADES SIN REGISTRAR

El catastro revisa los bienes inmuebles en 39 municipios de toda la provincia

El catastro revisa los bienes inmuebles en 39 municipios de toda la provincia

La Dirección General del Catastro, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, está revisando miles de inmuebles de toda la provincia. Su objetivo, localizar todos aquellas propiedades que están sin regularizar. Muchos lo han bautizado como el "catastrazo", denominación que rechaza Hacienda, afirmando que la regularización no pretende alterar el valor de los bienes declarados, sino sacar a la luz todas las propiedades que o bien no están dadas de alta en el padrón inmobiliario de los ayuntamientos o bien han sido modificados y la nueva situación no fue registrada.

Este proceso de regularización se inició a finales de 2013, tras su aprobación en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de poner al día todos los bienes inmuebles del país y la misma ley establecía que todos aquellos propietarios que no tuvieran sus bienes al día en los registros municipales, pagaran una tasa de 60 euros por los trámites y trabajos que genera esta revisión. Cuando culmina la revisión, Hacienda le asigna un valor catastral al bien aflorado y una fecha de efectos de dicho valor, información que se incorpora al padrón inmobiliario del municipio y que servirá para que los ayuntamientos pasen el correspondiente recibo por IBI, tanto para el futuvo como de los ejercicios pasados no prescritos.

El programa de Hacienda preveía 'peinar' todas las propiedades del país en el plazo de tres años y debería estar rematado a finales de 2016, aunque deja abierta la puerta a una ampliación de esos plazos. A partir del momento en que se aprobó la ley en el Congreso, Hacienda procedió a 'trocear' el país y el 5 de octubre de 2013 publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el primer listado de municipios del Estado en los que se iba a desarrollar la revisión, en el que no figuraba ningún concello ourensano. La segunda tanda de municipios aparecería en el BOE el 10 de marzo de 2014 y en ella figuraba solo un concello de Ourense, el de Verín.

Según fuentes del Ministerio de Hacienda, el trabajo de campo de esta revisión lo desarrollan empresas especializadas, que revisan calle a calle y finca a finca. En el caso de tener dificultades para acceder a fincas o propiedades, por la ausencia de sus dueños, utilizan medios aéreos,-en el caso de Verín dispusieron de helicóptero- para controlar algunas fincas, o la ortofotografía, "un medio muy útil para las zonas rústicas", señalan fuentes del Ministerio de Hacienda. La ortofotografía es un conjunto de imágenes aéreas tomadas desde un avión o satélite, que se corrigen de forma que permiten realizar mediciones exactas.

Desde que se inició en el año 2013 este proceso de regularización la Dirección General del Catastro sólo tiene en estos momentos datos completos de cinco municipios ourensanos. Son los únicos en los que a finales de 2014 tenían actualizado todo su padrón inmobiliario. Son los concellos de Verín, Ribadavia, Allariz, Rairiz de Veiga y Lobeira. "Es muy probable que a lo largo de 2015 se hubieran concluido los trabajos en otros municipios de la provincia, pero no dispondremos de los datos hasta que finalice el año", indican las citadas fuentes del Ministerio.

En esos cinco municipios fueron detectados un total de 3.687 inmuebles que estaban sin regularizar. Esta cifra supone, según Hacienda, el 7,2 por ciento de todos los inmuebles revisados en esos cinco términos municipales. "El 92,8 por ciento de los inmuebles estaban correctamente inscritos y en el 7,2 por ciento restante se detectó algún tipo de cambio que hizo necesaria su regularización. Sólo estos últimos tendrán que pagar la tasa de 60 euros que se estableció para financiar el proyecto", señalan desde el Ministerio.

Las principales infracciones que se detectaron en esas 3.687 propiedades fueron las nuevas construcciones, en un 47 por ciento; un 33 por ciento fueron ampliaciones o rehabilitaciones; en un 17 por cientos se detectaron reformas y cambios de uso que se no habían regularizado, mientras que en un 3 por ciento de ellas se habían construido piscinas que no habían sido registradas.

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