No era un farol y la paralización sine die de los juzgados ya es una realidad. Los letrados de la Administración de Justicia (antes denominados secretarios judiciales) comenzaron ayer su huelga indefinida para reclamar al Ministerio mejoras en sus condiciones laborales. El pasado año ya advirtieron al departamento que dirige Pilar Llop que no les temblaría el pulso en 2023 para hacerse escuchar tras años de reclamaciones. En Ourense, según fuentes judiciales, el plante “obligó a suspender un centenar de juicios y comparecencias”, fue la provincia gallega con mayor incidencia.
En Galicia, el seguimiento medio de la huelga indefinida fue del 60%, con cientos de juicios suspendidos, así como otros trámites, entre los que están los mandatos de pago de indemnizaciones o pensiones.
Según la delegada en Galicia de la Unión Progresista de los Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), Estefanía Ave Prieto, el seguimiento del paro fue incluso mayor, teniendo en cuenta que los cálculos se han hecho sobre los secretarios judiciales que están trabajando y sin tener en cuenta a aquellos funcionarios de baja o permiso. Así, apuntó que, en la provincia de A Coruña, el seguimiento estimado fue del 61 %; en la de Ourense, del 62 %; en la de Pontevedra, del 51 %; y en la de Lugo, del 58%.
No repercute únicamente en la suspensión de vistas, sino que dejan de hacerse otros trámites, entre ellos los mandamientos de pago. Según explicó Estefanía Ave, entre pagos de pensiones, costas, indemnizaciones, multas, etcétera, cada día “pasan” por las mesas de los letrados de administración de justicia de Galicia unos tres millones de euros, cuyo pago está ahora paralizado.
A nivel nacional, el comité de huelga cifró en un 81 % el seguimiento del paro, pese a los “abusivos servicios mínimos”, y los intentos del Ministerio de Justicia de “minimizar” los efectos. Además de mejoras en sus condiciones de trabajo (adecuación salarial, un marco de representación independiente y propio,...), los huelguistas reclaman el cese del secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, por los “gravísimos ataques” a este colectivo de “servidores públicos”.
El edificio judicial de O Couto se vació de actividad durante la mañana. Los dos juzgados penales no celebraron vistas, por lo que la ya de por sí repleta agenda de señalamientos debe recolocar los diez juicios aplazados. Ninguno de ellos será antes de mayo, según aseguraron en la oficina judicial. Los LAJs son necesarios en las vistas porque son los encargados de certificar las grabaciones de los juicios. Sin su rúbrica, sería nulos.
En la jurisdicción civil, la situación todavía será peor ya que, según el presidente de la Audiencia Provincial de Ourense, Antonio Piña, la actual carga de trabajo está provocando que algún órgano esté señalando en estos momentos los juicios para noviembre.
El seguimiento fue elevado: de los 29 convocados en toda la provincia, doce de ellos asumieron servicios mínimos -actuaciones urgentes-; seis secundaron el paro; cuatro no y siete no fueron a trabajar porque tienen días de permiso pendientes o bajas médicas.
El incendio de Covadonga
A nivel ciudadano, hubo personas que vieron frustradas sus trámites y salieron del edificio con preocupación. Fue el caso de Rómulo Rodrigues, el sobrino de la mujer brasileña que murió calcinada en el incendio de su piso en Covadonga el pasado 6 de enero. Tenía una cita a las 11.30 horas para reconocer objetos personales de su tía y la huelga aplazó esa gestión. El joven está inquieto porque tiene un permiso de solo unos días en el trabajo y el billete de ida y vuelta, por el que pagó 1.500 euros con ayudas de familiares y amigos, tiene fecha de regreso a Brasil para el 2 de febrero.
No solo no recupero los objetos personales que llevaba la fallecida cuando murió sino que aún no le fue entregado el cuerpo pendiente de las pruebas de ADN en Madrid para reconocer que era Edilma Martines. Su intención era regresar a su país natal con las cenizas de su tía, pero está comprobando que en España, cuando uno entra en un juzgado, los tiempos van por libre.
Rómulo llamará el lunes a ver si tiene más suerte.
El Ministerio se excusa en que no son fiscales ni jueces y enciende la mecha
Letrados de la Administración de Justicia se manifestaron ayer desde la madrileña Plaza de Callao hasta la sede del Ministerio para reclamar una mejora salarial equivalente al aumento de la carga de trabajo que sufrieron hace años. Ataviados con togas, pancartas y megáfonos, se concentraron en respuesta a la convocatoria efectuada por las tres asociaciones del gremio -la Unión Progresista (UPSJ), la Asociación Independiente (AInLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados-.
“Lo que estamos pidiendo es que se ejecuten los acuerdos a los que hemos llegado”, destacó Carlos Artal. Al grito de “no somos jueces, no somos fiscales, somos letrados superiores nacionales”, respondieron a las declaraciones que hizo el secretario de Estado de Justicia, Antonio Rodríguez. Este incidió en que no hay “motivos laborales”, sino “políticos” y recalcó que “cualquier reclamación de este colectivo” estaba “fuera de lugar” porque “cobran entre un 79% y un 140% más que otro funcionario de la Administración de Justicia de los mismos niveles”. “Los LAJ no son jueces, no son fiscales y no lo van a ser”, añadió.
