Los siete centros comarcales que la Xunta de Galicia puso en marcha en la provincia de Ourense -en realidad, seis porque el de Monterrei no es un edificio propio, sino unas oficinas pagadas por los concellos de a comarca- tienen sus días contados.
Concretamente, el 6 de diciembre está previsto que estén todos cerrados. Atrás queda una inversión realizada, en forma de edificios construidos o rehabilitados, con su equipamiento correspondiente, pero sin uso cuando han costado la friolera de casi cinco millones de euros (4.850.952 entre los seis); pero, además, el cierra deja un futuro negro para los trabajadores porque al menos 12 ya han recibido la notificación de que perderán sus puestos. Así lo han criticado los trabajadores ourensanos al ver como la Agencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) desmantelaba la red de oficinas comarcales que, con éxito dispar, se puso en marcha hace más de una década.
En Galicia, los despidos suman 23 y la pérdida de todos estos empleos pone fin a un proceso de disolución iniciado en 2010 por el Gobierno gallego de Núñez Feijóo -los primeros centros comarcales en cerrar fueron los de Expodeza y Expotabeirós- y que ha ido repercutiendo tanto en las funciones y actividades que se desarrollaban en los diferentes centros, como en su gestión, dando de baja desde el servicio de limpieza hasta la luz, el agua y la calefacción.
En la carta de despido que la Xunta entregó personalmente y de forma individual a los 23 trabajadores gallegos y la que llegará a los 12 ourensanos, alega que son puestos amortizados por duplicidad de funciones. Sin embargo, los empleados aseguran que sus despidos son 'improcedentes' y que así lo demostrarán.
En el burgo medieval de Vilanova dos Infantes, donde tiene su sede el Centro Comarcal Terras de Celanova, los vecinos ya han asistido al 'desarme' de las oficinas que abrieron como un centro de negocios, exposiciones , servicio de información turística y bar-restaurante. Ahora, la intención del alcalde, José Luis Ferro, es recuperar el inmueble y prolongar en él el servicio de promoción turística, además de otros adicionales. En esa misma línea se encuentran Carballiño, Ribadavia y Castro Caldelas.
Caso contrario es el de los centros comarcales de Trives y O Barco, donde los alcaldes pretenden que la Xunta se quede con ambos inmuebles para no tener que asumir los costes de mantenimiento, aunque en el segundo caso, la Asociación de Empresarios y Cruz Roja optan a ocuparlos.
En Galicia, los despidos suman 23 y la pérdida de todos estos empleos pone fin a un proceso de disolución iniciado en 2010 por el Gobierno gallego de Núñez Feijóo -los primeros centros comarcales en cerrar fueron los de Expodeza y Expotabeirós- y que ha ido repercutiendo tanto en las funciones y actividades que se desarrollaban en los diferentes centros, como en su gestión, dando de baja desde el servicio de limpieza hasta la luz, el agua y la calefacción.
En la carta de despido que la Xunta entregó personalmente y de forma individual a los 23 trabajadores gallegos y la que llegará a los 12 ourensanos, alega que son puestos amortizados por duplicidad de funciones. Sin embargo, los empleados aseguran que sus despidos son 'improcedentes' y que así lo demostrarán.
En el burgo medieval de Vilanova dos Infantes, donde tiene su sede el Centro Comarcal Terras de Celanova, los vecinos ya han asistido al 'desarme' de las oficinas que abrieron como un centro de negocios, exposiciones , servicio de información turística y bar-restaurante. Ahora, la intención del alcalde, José Luis Ferro, es recuperar el inmueble y prolongar en él el servicio de promoción turística, además de otros adicionales. En esa misma línea se encuentran Carballiño, Ribadavia y Castro Caldelas.
Caso contrario es el de los centros comarcales de Trives y O Barco, donde los alcaldes pretenden que la Xunta se quede con ambos inmuebles para no tener que asumir los costes de mantenimiento, aunque en el segundo caso, la Asociación de Empresarios y Cruz Roja optan a ocuparlos.
