Cuál es la raíz de la historia y qué papel juegan en ella cada uno de los actores implicados en el proceso
->El origen
Los trabajos de construcción de la vivienda afectada arrancan en 1992. En ese momento, la legislación gallega marca que para construir fuera del núcleo rural debe existir un mínimo de 50 metros respecto a otra licencia de edificación, una distancia que no se cumpliría teniendo en cuenta que Antonio A.F. (el actual denunciante) arranca poco después a levantar un inmueble en la misma zona. Ahí se genera el conflicto, ya que este vecino, Comisión Provincial de Urbanismo mediante, demostrará haber obtenido en primer lugar la licencia en regla para su vivienda.
->El papel del denunciante
En este escenario (dos viviendas en menos de 50 metros de distancia fuera del núcleo rural), Antonio A.F. denuncia de forma periódica y sistemática la situación de la vivienda de Rosa María Alonso hasta que los tribunales ordenan el derribo del inmueble. Un dictado que no se llega a ejecutar, ya que entremedias, entra en vigor el PXOM del 2003, que abre una ventana de esperanza para la pareja. Pero el futuro de esta vivienda se vuelve a nublar tras la anulación de este plan urbanístico, en 2011. Es ahí cuando el denunciante vuelve a requerir la anulación de la licencia de legalización que habían obtenido sus vecinos en ese tiempo, y la Justicia le da la razón. Las fichas retornan al punto de partida, y sobre la vivienda de Reza vuelve a pesar la orden de derribo que se terminará ejecutando esta semana.
->El marco jurídico y el rol de la Justicia
El último plan urbanístico aprobado por el Partido Popular permitía mantener la vivienda de Reza si se solicitaba la inejecución de la orden de derribo. Un punto último para el que Alonso y Fernández deberían presentar un proyecto de legalización del inmueble. Este camino se reactiva en el 2008, pero no es hasta el 2010 cuando se terminan de cumplir los trámites para esta solicitud. El Concello, teniendo en cuenta el plan urbanístico vigente, se posiciona favorablemente y se emite la licencia de legalización.
El asunto parecía cerrado, pero unos meses más tarde (mayo del 2011) la Justicia tumba el PXOM del 2003. Es ahí cuando el denunciante vuelve a requerir la anulación de la licencia, una petición que será refrendada por la Audiencia Provincial y el TSXG y que tendrá como consecuencia que el juzgado ordene la pertinente ejecución de la sentencia de derribo.
->La figura del Concello de Ourense
Con la orden de demolición en firme, el Concello cumple esta semana con lo dictado por el juzgado ante la amenaza de medidas coercitivas que llegan a la inhabilitación del regidor. Este mismo martes, el Concello recibe una providencia en la que, tras desestimar la supensión de la demolición de la vivienda solicitada por Rosa María Alonso, se ordena el derribo "sin más dilación" y con unas condiciones entre las que destaca la posibilidad de actuar "sin autorización judicial en el domicilio" y "con auxilio de la fuerza pública".
