El Colegio de Abogados de Ourense se suma hoy a la convocatoria a nivel nacional en contra de la Ley de Tasas, aprobada por el Ministerio de Justicia hace exactamente un año, con una concentración a las 12,00 horas frente al Palacio de Justicia y la lectura de un manifiesto reivindicativo.
Según explica el decano Arturo González, los abogados defienden que la ley es 'una vulneración del principio de tutela judicial efectiva', es decir, 'del acceso de los ciudadanos a los tribunales'. Los letrados critican que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, que 'insiste una y otra vez con el ejemplo de Francia', no ha emulado a su homólogo galo, que derogará la Ley de Tasas el 1 de enero de 2014.
'Como mal menor, nosotros no decimos que no haya tasas, pero éstas deben ser proporcionales a la renta de cada ciudadano', sostiene el decano. González recuerda que los colegios de abogados ya han enviado varias comunicaciones al Tribunal Constitucional para que se pronuncie al respecto 'lo antes posible', porque, según sostiene, es el último recurso que les queda 'después de cuatro recursos de inconstitucionalidad, tres cuestiones de inconstitucionalidad, recomendaciones del Defensor del Pueblo y la situación real que está creando'.
Como ejemplo práctico, González explicó que aquellos vecinos que decidan impugnar el PXOM ourensano tendrán que ir a un contencioso administrativo que costaría 300 euros como cuota fija, más un 0,10% de la cuantía del asunto, que serían 'millones de euros', en el caso de áreas de reparto.
'Como mal menor, nosotros no decimos que no haya tasas, pero éstas deben ser proporcionales a la renta de cada ciudadano', sostiene el decano. González recuerda que los colegios de abogados ya han enviado varias comunicaciones al Tribunal Constitucional para que se pronuncie al respecto 'lo antes posible', porque, según sostiene, es el último recurso que les queda 'después de cuatro recursos de inconstitucionalidad, tres cuestiones de inconstitucionalidad, recomendaciones del Defensor del Pueblo y la situación real que está creando'.
Como ejemplo práctico, González explicó que aquellos vecinos que decidan impugnar el PXOM ourensano tendrán que ir a un contencioso administrativo que costaría 300 euros como cuota fija, más un 0,10% de la cuantía del asunto, que serían 'millones de euros', en el caso de áreas de reparto.
