Inmuebles en As Caldas, avenida de Pontevedra y Marcelo Macías se suman al problema de Reza
El Concello de Ourense, ahora
el nuevo gobierno de la ciudad, tendrá que abordar la demolición de parte de al menos tres edificios en la ciudad, una complicación y un problema cuya repercusión y alcance pudo comprobarse ya con la demolición, la pasada semana, de una vivienda unifamiliar en Reza.
No era esta casa la única, la parte posterior del edificio número 36 de la avenida de As Caldas, en el barrio de A Ponte, ya tendría que estar derribada, de acuerdo con una sentencia firme que el Concello aún no ha cumplido y que, según fuentes municipales, es inminente porque el anterior gobierno municipal había comenzado ya a recibir requerimientos judiciales para cumplir la resolución. Y no es la única, otros dos inmuebles, en la avenida de Pontevedra y en Marcelo Macías, acusan el mismo problema, además de la depuradora de aguas residuales, que el juez permite mantener de momento en pie en aras del interés general, pero con controles constantes.
En la avenida de As Caldas, el inmueble afectado ya fue objeto de un proyecto de demolición y de obra para regularizar la situación, aunque se está redactando otro a instancias de los técnicos. El caso se remonta a una resolución de 1999, que estableció que la construcción incumple las medidas mínimas exigidas por la normativa urbanística en cuanto a la distancia con respecto al edificio de enfrente, por la parte posterior de ambos, en el patio de luces. Ello obliga a cortar longitudinalmente parte de las seis plantas posteriores pero los daños que ello causará a la estructura repercutirá en todo el inmueble.
En el número 13 de la avenida de Pontevedra es también la parte posterior, hacia un patio interior de manzana, la que hay que cortar aunque sólo en 20 centímetros. Ya está redactado el proyecto de demolición y, como en el caso anterior, no fue posible la legalización, tras 10 años de sentencias y recursos que únicamente consiguieron rebajar el alcance del derribo, de medio metro a esos 20 centímetros que, de todos modos, causarán serios perjuicios a los propietarios. Aquí no hay aún requisitorias del juez para cumplir la sentencia, como tampoco en el inmueble de Marcelo Macías, un gran edificio de tres portales (146, 148 y 150) donde residen 90 vecinos, En este caso, una sentencia firme impide legalizar el edificio, construido al amparo del Plan de 2003 que fue anulado. El juez ordena devolver el terreno a su estado original, el que corresponde al planeamiento de 1986, cuando sólo se podían construir viviendas unifamiliares. Tampoco se podría acoger al nuevo planeamiento en tramitación porque la resolución es firme y no hay interés general que alegar.
