Toda la oposición denunció hace meses posibles irregularidades en la contratación
El consistorio orensano, que gobierna el PP, ha defendido hoy el nombramiento de Javier Rodríguez Nóvoa como jefe de personal del Ayuntamiento, una designación que la oposición cree que fue hecha "a medida" para emplear al exedil popular en la institución local.
La concejala socialista, Carmen Rodríguez Dacosta, ha recordado que su grupo ya criticó, cuando salieron las bases, que estas fueron "hechas a medida para esta persona".
No obstante, ha recordado que, a pesar de que el grupo de gobierno tuvo su tiempo para corregir ese error, "no lo hizo y siguió adelante el procedimiento", que ve irregular, eludiendo contestar al recurso planteado por dos de los grupos de la oposición, Ourense en Común y el grupo socialista.
En este sentido, ha recalcado que el Juzgado Contencioso-Administrativo tendrá que dirimir si su nombramiento "es o no legal".
El Juzgado número 2 de Ourense ha celebrado el procedimiento para decidir si procede anular el nombramiento de Francisco Javier Rodríguez Nóvoa como jefe de personal, una vista en la que se personó el exedil popular de la época de otro alcalde popular, Manuel Cabezas.
A este respecto, la concejala de Ourense en Común, Ledicia Piñeiro, ha insistido en que es un caso que "viene de lejos" y ha recordado que ambos grupos presentaron un recurso de reposición contra nombramiento que a su juicio responde a la "vieja política" del PP en lo que respecta a las contrataciones.
Democracia Ourensana, PSOE y Ourense en Común, que suman mayoría frente al gobierno popular en minoría (10 de 27), denunciaron hace meses posibles irregularidades en la contratación.
Frente a las críticas, el gobierno orensano defendió que el proceso se llevó a cabo con total "transparencia" y "de acuerdo con la legalidad" y también que el concurso se hizo "conforme a la ley" además de que fue "público tanto en el perfil del contratante como en exposición".
Durante la vista, el consistorio esgrimió que el concurso se hizo de acuerdo con las bases generales en materia de contrataciones elaboradas por el PSOE.
Para los grupos de la oposición, el proceso incluía una valoración discriminatoria a favor de un candidato
