Un piso de la calle Camino Caneiro está pendiente de que un juez ratifique su orden de derribo. De no ser así, el Concello ha adelantado los trámites para legalizar esta vivienda denunciada por un vecino, en la que se unió el bajo cubierta con el piso mediante unas escaleras interiores. El denunciante reclama esta situación desde 1998, mientras el Concello estudia un proyecto de demolición para el que no ha encontrado todavía empresa que lo ejecute, si el tribunal así lo estima de forma firme.
Cuando Enrique Rodríguez compró un quinto piso en la calle Camino Caneiro estaba convencido de que compraba una vivienda en la última planta del edificio. Pero pronto descubrió en la parte superior del inmueble ruidos de cisternas y personas... hasta que descubrió una terraza. Era 1998 cuando presentó dos denuncias en el Concello alertando de que su vecino había realizado obras ilegales y unido su piso al bajo cubierta mediante unas escaleras interiores, con salida a una terraza. Las obras no se ajustaban a la licencia de obras concedida en aquel momento y, según decían entonces informes municipales, no eran susceptibles de legalización.
Más de una década después, los vecinos de Enrique siguen teniendo un dúplex. Todo ello, a pesar de que el propio Concello ordenó la demolición de las nuevas obras y de que una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia obligaba, en 2005, a restituir la legalidad vulnerada en su día. Tres años y medio después de esta resolución judicial, todo continúa igual. Los denunciantes aseguran sentirse indefensos y se ven perjudicados por las obras de su vecino, dado que tenemos problemas de humedades y tampoco se mantiene igual el calor de la calefacción si tienes una terraza encima, aseguran.
Después de todo este tiempo, el Concello ha movido ficha y, a petición del propietario, ha legalizado las obras, amparándose en el Plan Xeral de Ordenación Municipal vigente desde 2003 -aunque informes anteriores aseguraban que eran ilegalizables-. La legalización está impugnada por el denunciante y, de todas formas, no soluciona la obligatoriedad de ejecutar la sentencia dictada por el Alto Tribunal gallego que instaba a demoler las obras ilegales. Por eso, el Concello asegura que está realizando los trámites para contratar a la empresa que asuma la demolición, a la espera de que el juzgado aclare si ha de realizarse. Los denunciantes se sienten ya descontentos porque no se respeta nada.
Un complejo proceso simultáneo
Fuentes de la Concejalía de Urbanismo explican el complejo proceso que ha dispuesto el Concello con respecto al edificio de Camino Caneiro. Por un lado, se inició el proceso de legalización del inmueble, mediante la Junta de gobierno, a instancias del propietario denunciado, que pudo legalizar las obras en virtud al PXOM de 2003. Por el otro, se ha asumido el primer dictamen judicial de 2005 que ordena la demolición. Aunque el Concello ha solicitado la inejecución de la sentencia, nunca paró el proceso.
Prueba de ello son las multas al propietario denunciado (hasta un total de 12) y la ejecución del proceso de demolición subsidiaria, para la cual el Concello contrató a un arquitecto el proyecto y trató de adjudicar la obra a dos empresas, que renunciaron al trabajo por considerar que era una adjudicación a la baja, motivo por el cual se está revisando actualmente el proyecto. La última palabra para inclinar la balanza la tendrá el juzgado.
Más de una década después, los vecinos de Enrique siguen teniendo un dúplex. Todo ello, a pesar de que el propio Concello ordenó la demolición de las nuevas obras y de que una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia obligaba, en 2005, a restituir la legalidad vulnerada en su día. Tres años y medio después de esta resolución judicial, todo continúa igual. Los denunciantes aseguran sentirse indefensos y se ven perjudicados por las obras de su vecino, dado que tenemos problemas de humedades y tampoco se mantiene igual el calor de la calefacción si tienes una terraza encima, aseguran.
Después de todo este tiempo, el Concello ha movido ficha y, a petición del propietario, ha legalizado las obras, amparándose en el Plan Xeral de Ordenación Municipal vigente desde 2003 -aunque informes anteriores aseguraban que eran ilegalizables-. La legalización está impugnada por el denunciante y, de todas formas, no soluciona la obligatoriedad de ejecutar la sentencia dictada por el Alto Tribunal gallego que instaba a demoler las obras ilegales. Por eso, el Concello asegura que está realizando los trámites para contratar a la empresa que asuma la demolición, a la espera de que el juzgado aclare si ha de realizarse. Los denunciantes se sienten ya descontentos porque no se respeta nada.
Un complejo proceso simultáneo
Fuentes de la Concejalía de Urbanismo explican el complejo proceso que ha dispuesto el Concello con respecto al edificio de Camino Caneiro. Por un lado, se inició el proceso de legalización del inmueble, mediante la Junta de gobierno, a instancias del propietario denunciado, que pudo legalizar las obras en virtud al PXOM de 2003. Por el otro, se ha asumido el primer dictamen judicial de 2005 que ordena la demolición. Aunque el Concello ha solicitado la inejecución de la sentencia, nunca paró el proceso.
Prueba de ello son las multas al propietario denunciado (hasta un total de 12) y la ejecución del proceso de demolición subsidiaria, para la cual el Concello contrató a un arquitecto el proyecto y trató de adjudicar la obra a dos empresas, que renunciaron al trabajo por considerar que era una adjudicación a la baja, motivo por el cual se está revisando actualmente el proyecto. La última palabra para inclinar la balanza la tendrá el juzgado.
