La investigación que sigue el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense en relación a la querella presentada contra la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, por presunta prevaricación administrativa en relación a la plaza de San Antonio, continuó ayer con las declaraciones de una testigo y un perito.
La primera era la denunciante que fue indemnizada por el Concello con 358.000 euros para evitar el derribo de toda la urbanización. Aurora Montero señaló ante el juez que no negoció con nadie del Concello antes de firmar aquel convenio indemnizatorio y, en concreto, que no negoció nada con Áurea Soto. Al igual que había declarado la concejala ante el juez, la demandante afirmó que su interlocutora en el Concello para abordar la indemnización fue una de las letradas de la institución municipal.
La testigo dijo, además, que ningún técnico municipal fue a valorar su vivienda y que se hartó del pleito que mantenía con el Concello y que tenía su origen en la pérdida de luces y vistas que le suponía a su casa la urbanización.
Por su parte, el perito, Demetrio Losada, explicó que, según un informe que él hizo, la plaza es pública, tanto en suelo como en subsuelo. Y es que la querella presentada contra Soto por la hija de un promotor que mantiene varios pleitos en el Concello se centra en las licencias concedidas al parking de la plaza y analiza también la indemnización a la vecina, que retiró el recurso contra estos permisos municipales tras el acuerdo con el Concello.
La testigo dijo, además, que ningún técnico municipal fue a valorar su vivienda y que se hartó del pleito que mantenía con el Concello y que tenía su origen en la pérdida de luces y vistas que le suponía a su casa la urbanización.
Por su parte, el perito, Demetrio Losada, explicó que, según un informe que él hizo, la plaza es pública, tanto en suelo como en subsuelo. Y es que la querella presentada contra Soto por la hija de un promotor que mantiene varios pleitos en el Concello se centra en las licencias concedidas al parking de la plaza y analiza también la indemnización a la vecina, que retiró el recurso contra estos permisos municipales tras el acuerdo con el Concello.
