La oposición se ha posicionado en contra del documento que ha considerado "un lavado de cara"
La Diputación Provincial de Ourense ha aprobado este miércoles el código ético y de buena conducta, que regula las normas éticas de altos cargos y funcionarios, con los únicos votos favorables del PP y ante las críticas de PSdeG y BNG.
La oposición se ha posicionado en contra del documento que ha considerado "un lavado de cara", al criticar que no aborda medidas en caso de cargos políticos imputados, salpicados en casos de corrupción en la institución, en la que han cuestionado el reparto de subvenciones o las contrataciones de personal.
El pleno de la Diputación sacó adelante el código, el primero en España en gobiernos provinciales, impulsado por el propio Manuel Baltar, con 15 votos a favor del PP y diez votos en contra de PSdeG y BNG.
Entre sus críticas, los portavoces de BNG y PSdeG han recordado al presidente de la Diputación Manuel Baltar su entrada al frente de la institución, en sustitución de su padre José Luis Baltar, después de un congreso provincial, en el que están bajo investigación 104 contrataciones en las fechas previas al mismo.
"Puede aprobar cuantos códigos éticos quiera pero no va a hacer olvidar el modo en que entró en la Diputación", advirtió el portavoz nacionalista Leopoldo Rodríguez, quien cuestionó asimismo el "abuso de ejemplos de procedimientos negociados de contratación sin publicidad".
Los nacionalistas han acusado a Baltar de "extralimitarse" en sus competencias al establecer "una labor de control" a la oposición y ha exigido "la dimisión" de los cargos imputados en casos "graves de corrupción", donde ha pedido "tolerancia cero", tras recordar que la única persona imputada en el BNG en el marco de la Operación Pokemon "dimitió en 24 horas".
En esta línea, el portavoz del PSdeG, Ignacio Gómez, quien criticó "el cinismo" de la institución provincial a la hora de elaborar un tratado de buenas maneras, invitó a los diputados populares a hacer "un ejercicio de memoria" al recalcar que el ente provincial es "la antítesis" de la ética y de la transparencia.
El texto -en el que no han participado PSdeG y BNG- incorpora dieciséis artículos divididos en cuatro apartados, con las normas éticas de cargos electos y de los funcionarios.
Entre las disposiciones, el texto regula el deber de abstención profesional de los cargos en el plazo de tres años de desempeñar responsabilidades remuneradas, establece un "compromiso antitransfuguismo" y regula el capítulo de regalos, para los que se ha establecido su prohibición a excepción de los que tengan carácter protocolario.
En lo que respecta a las imputaciones, el portavoz del PP, Plácido Álvarez Dobaño, quien ha recordado la ausencia de la oposición de las reuniones de trabajo, ha criticado que "no apliquen la misma norma" en todas las instituciones públicas.
Así, recordó la presencia de cargos socialistas imputados en otras administraciones -en alusión al Ayuntamiento de Ourense donde hay varios cargos imputados- así como las declaraciones realizadas por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, sobre la posibilidad de que una persona imputada pueda formar parte de una candidatura si así lo respalda la militancia.
El portavoz popular, quien criticó "las ocurrencias" de la oposición en sus críticas al texto, defendió la importancia del documento, que es "más necesario que nunca" para combatir la "desafección" ciudadana de la política.
El propio Baltar recalcó que no se trata de un documento nuevo, puesto que ya existe en otros organismos e instituciones, y recalcó que será aplicable a todos, tanto a la oposición, como trabajadores y cargos del grupo del gobierno.
