CÓDIGO ÉTICO

La Diputación pone en marcha su código ético sin apoyo de PSOE y BNG

El PP lamentó que no se sumase a la propuesta la oposición, que considera exigía la dimisión de políticos imputados

Sin sorpresas, pese a las discrepancias de la oposición, fue la aprobación en el pleno provincial de abril del Código Ético y de Conducta de la Diputación de Ourense. Los votos de los 15 diputados del PP fueron suficientes para poner en marcha el documento que regirá la praxis tanto de diputados como de personal dependiente del organismo provincial. Por ejemplo, se prohíben los regalos, los diputados salientes no podrán ser directivos de empresas con las que estuviesen relacionados en al menos tres años tras dejar la Diputación, y se retransmitirán en directo juntas de gobierno e informativas, además de los plenos.

El rechazo manifestado por PSdeG y BNG, que ya no acudieron a las comisiones de redacción del texto, se tradujo ayer en reproches y críticas al contenido del Código Ético. Tal fue el caso del portavoz nacionalista, Leopoldo Rodríguez Puga, quien señaló que el documento "merece o título de "Facede o que eu digo e non o que eu fago" y, aludiendo a la norma en la que se prohíben los regalos, instó al presidente de la Diputación, Manuel Baltar, a "devolver os agasallos que lle fixo o seu pai: a presidencia do PPOU e a presidencia da Deputación". Por su parte, el portavoz socialista, Ignacio Gómez, señaló que la ética "non é un tratado de boas maneiras" y el código debatido en el pleno, "o lavado de cara dunha institución que representa a antítese do que é a ética aplicada aos cargos públicos".

Frente a las críticas de la oposición, el portavoz del PP, Plácido Álvarez, recordó el rechazo de la oposición a participar en la redacción del texto, e insistió en su importancia en un momento en que preocupa la "desafección cidadá pola política. O que dixeron cando se retiraron das comisións de elaboración do código puideron presentalo, e ao mellor podería ser debatido no pleno como parte do mesmo", lamentó el portavoz popular.

Los grupos de la oposición insistieron en señalar que su participación en las comisiones de redacción sólo es posible bajo la condición de que "sexan apartados todos os cargos da Deputación que estean imputados", defendió Ignacio Gómez. Además, manifestaron sus dudas acerca del marco de aplicación de esta normativa, dado que, según Leopoldo Rodríguez Puga, "non se entende como non pasa nada se a irregularidade se comete dende o correspondente posto de alcalde ou concelleiro e non de deputado provincial". "O que é defraudador, é defraudador", sentenció.

Manuel Baltar también criticó las "ganas de opoñerse a todo polo feito de que sexa un determinado grupo ou persoa a que o propoña" y defendió que este texto "non é ningunha ocurrencia", citando normas similares previamente aprobadas a nivel nacional por instituciones de todos los colores políticos. Baltar consideró "pouco democrático" atender las exigencias de la oposición, que instan al mandatario provincial a "forzar a dimisión dos imputados".


Partidos judiciales

Dentro de las mociones debatidas, destaca la presentada de manera conjunta por los grupos del PSdeG y el BNG en la que se solicitaba a la Diputación a que instase al Gobierno central a retirar el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que contempla la supresión de siete partidos judiciales de la provincia. Curiosamente, después de que el PP plantease una enmienda de sustitución, ésta salió adelante sólo con los votos populares a favor, con un acuerdo definitivo en el que la Diputación manifiesta su rechazo a esta medida y se insta al Gobierno a garantizar el mantenimiento de los actuales partidos judiciales de la provincia. El debate de esta moción fue un constante intercambio de reproches entre la oposición y el grupo popular acerca de la defensa a nivel local de la supervivencia de los partidos judiciales.

La diputada socialista Mónica Vázquez avisó de que "os cargos do Partido Popular non poden ser marionetas de Gallardón", mientras que el popular Plácido Álvarez señaló que "aínda está pendente unha longa fase de tramitación na que se poderían producir cambios respecto ao texto inicial do anteproxecto".

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