Traían a España a dominicanas llegando a obligar a alguna a prostituirse
Trata de seres humanos, inmigración ilegal y falsedad en documento oficial. Estos son los delitos que le imputan la fiscal a tres personas que supuestamente formaban una red para traer a España a ciudadanas dominicanas burlando la legislación española sobre inmigración y con ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento. Todo ello, en connivencia con una cuarta persona que reside en el país sudamericano y que no fue localizada.
La fiscal en este mismo proceso del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense también acusa a una cuarta persona, Daenelva Altagracia G.R, por contactar con el enlace en Santo Domingo para obtener una tarjeta de residencia falsa y de esta forma regresar a España en septiembre de 2013 (estando de visita en su país de origen conoció que había sido expulsada del territorioa español).
La acusación pública circunscribe la llegada de extranjeras a España de forma ilegal entre 2011 y 2013 y documenta varios casos en los que los integrantes de la red cobraban cantidades que oscilaban entre los 3.000 y 6.500 euros. La forma de actuar respondía a un mismo patrón: el contacto en Santo Domingo proporcionaba a las víctimas los billetes de avión, el itinerario del viaje -la llegada a España era siempre a través de otros países europeos- así como documentación falsa. Incluso había bonificaciones a las personas que ya lo habían conseguido a cambio de clientela, según propuso el acusado Erlis Antonio A. a una mujer a que trajo en 2011.
La fiscal también alude a un caso en el que la mujer se vio abocada a ejercer la prostitución por una deuda contraída con Marianela Altagrcia G.R. y Antonio G.A. Es el caso de A.P.G. quien pagó 6.500 euros por el billete de avión y una tarjeta de residencia belga que no correspondía a la realidad. Esta mujer, una vez que llegó a Ourense, se puso a ejercer la prostitución en un club de Chantada Lugo) para pagar el billete de tren que le habían costeado los acusados desde Barcelona,a donde llegó desde Francia, a Ourense. Según llegó a confesar la mujer, aceptó ir al club de laterne dada su precaria situación económica ya que para poder pagar el abono de la cantidad inicial tuvo que hipotecar la casa de sus padres en Santo Domingo y una finca de sus abuelos.
Petición de hasta siete años de prisión para los inculpados
La representante del ministerio fiscal pide penas entre el año y medio de prisión y los seis para los cuatro acusados. A Marianela Altagracia G.R. y Antonio G.A. los acusa de un delito de trata de seres humanos por el que les reclama seis años de cárcel, sumando otro año más por otro delito de inmigración ilegal.
Para Erlis Antonio A. pide un año de prisión por favorecer la inmigración ilegal y otro año y medio más por falsedad en documento oficial, además de multa de seis meses (seis euros al día). Por último, demanda años y medio de prisión y multa para Daenelva Altagracia G.R. por falsedad.
