El imparable envejecimiento de la población en la provincia, con 16.901 personas con 85 o más años, no sólo evidencia el estancamiento que experimenta la natalidad desde hace décadas sino que repercute en otras disciplinas bien distintas, como es el caso de la psiquiatría forense. El personal de la delegación ourensana del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) centra un buena parte de su trabajo clínico en realizar informes de incapacidad de personas con deterioro cognitivo (demencia senil principalmente) a consecuencia del envejecimiento de la sociedad ourensana.
El pasado año, por ejemplo, emitió 546 informes, correspondientes en su mayoría a personas de edad avanzada, lo que significa que los forenses de la provincia están promoviendo la incapacitación de más de una persona al día (1,5) al considerar que su deterioro mental hace necesario el nombramiento de un tutor que tome las decisiones.
En materia de nombramiento de tutor se acude en numerosas ocasiones la Funga (Fundación pública galega para a tutela de persoas adultas) en los casos que no existan familiares cercanos o cuando estos alegan causas de excusa -edad avanzada, enfermedad, residir en el extranjero, falta de vínculos afectivos-. En la actualidad, en Ourense la Funga es la tutora de 213 personas con discapacidad.
La provincia es la primera vez que llega al medio millar de incapacidades en sólo un año, teniendo en cuenta que desde 2007 se movían en torno a las 350 de media (en 2009 hubo un pico que alcanzó las 383 y en 2011 superó las 400).
Muchos de estos procesos son promovidos a instancias del Ministerio Fiscal, aunque después debe ser el Juzgado de Instancia 6, con competencias exclusivas en materia de familia e incapacidades, quien lo determine. De hecho, el Servicio de Protección de Personas con Discapacidad y Apoyos de la Fiscalía requiere periódicamente a las residencias de mayores para que remitan la relación de personas ingresadas de las que existan dudas sobre su aptitud para consentir su ingreso y que no haya sido determinada judicialmente su capacidad. Todo ellos, según explican fuentes de ministerio público, en aras de 'recabar toda la información necesaria para valorar si existen situaciones de desprotección y, en su caso, la medida de protección personal y patrimonial adecuada'.
La declaración de incapacidad suele llevar pareja las restricciones a la hora de ejercer derechos como el voto, firma de documentos o compra de bienes. Aunque hay distintos grados. Los forenses de la ciudad recuerdan el caso de un hombre al que le hacía mucha ilusión seguir votando y así lo hicieron constar en su informe.
Este mayor control desde la institución judicial está derivando en el último año en los problemas con los que se topan los familiares de los ancianos ingresados en centros pero que, a raíz de la crisis, deciden volver a llevarlos a vivir a casa en busca de algún ingreso, de forma que precisan una autorización judicial para poder hacerlo.
MEDIOS
Las pruebas de capacitación psiquiátrica que promueve se realizan con los mismos medios que hace dos décadas, los siete forenses de entonces, aunque el equipo se completa con dos psicólogos, una trabajadora social, dos funcionarios y dos auxiliares de autopsias.
Estos informes no son el único frente que atiende el equipo. El servicio de clínica forense también se encarga de cuestiones como las valoraciones de drogadicciones, daños corporales (accidentes de tráfico, laborales, agresiones, reconocimientos de víctimas de violencia de género...), internamientos, asistencias en juicios orales o determinación de negligencias médicas (una la mes durante el pasado año).
En materia de nombramiento de tutor se acude en numerosas ocasiones la Funga (Fundación pública galega para a tutela de persoas adultas) en los casos que no existan familiares cercanos o cuando estos alegan causas de excusa -edad avanzada, enfermedad, residir en el extranjero, falta de vínculos afectivos-. En la actualidad, en Ourense la Funga es la tutora de 213 personas con discapacidad.
La provincia es la primera vez que llega al medio millar de incapacidades en sólo un año, teniendo en cuenta que desde 2007 se movían en torno a las 350 de media (en 2009 hubo un pico que alcanzó las 383 y en 2011 superó las 400).
Muchos de estos procesos son promovidos a instancias del Ministerio Fiscal, aunque después debe ser el Juzgado de Instancia 6, con competencias exclusivas en materia de familia e incapacidades, quien lo determine. De hecho, el Servicio de Protección de Personas con Discapacidad y Apoyos de la Fiscalía requiere periódicamente a las residencias de mayores para que remitan la relación de personas ingresadas de las que existan dudas sobre su aptitud para consentir su ingreso y que no haya sido determinada judicialmente su capacidad. Todo ellos, según explican fuentes de ministerio público, en aras de 'recabar toda la información necesaria para valorar si existen situaciones de desprotección y, en su caso, la medida de protección personal y patrimonial adecuada'.
La declaración de incapacidad suele llevar pareja las restricciones a la hora de ejercer derechos como el voto, firma de documentos o compra de bienes. Aunque hay distintos grados. Los forenses de la ciudad recuerdan el caso de un hombre al que le hacía mucha ilusión seguir votando y así lo hicieron constar en su informe.
Este mayor control desde la institución judicial está derivando en el último año en los problemas con los que se topan los familiares de los ancianos ingresados en centros pero que, a raíz de la crisis, deciden volver a llevarlos a vivir a casa en busca de algún ingreso, de forma que precisan una autorización judicial para poder hacerlo.
MEDIOS
Las pruebas de capacitación psiquiátrica que promueve se realizan con los mismos medios que hace dos décadas, los siete forenses de entonces, aunque el equipo se completa con dos psicólogos, una trabajadora social, dos funcionarios y dos auxiliares de autopsias.
Estos informes no son el único frente que atiende el equipo. El servicio de clínica forense también se encarga de cuestiones como las valoraciones de drogadicciones, daños corporales (accidentes de tráfico, laborales, agresiones, reconocimientos de víctimas de violencia de género...), internamientos, asistencias en juicios orales o determinación de negligencias médicas (una la mes durante el pasado año).
