Los alcaldes afectados claman contra el plan: "La seguridad es uno de los pocos servicios que nos quedan"
La petición que planteó el pasado miércoles el secretario provincial de la Unión de Guardias Civiles, Benito Bouzada, al subdelegado del Gobierno, Roberto Castro, referente a cerrar 19 de los 32 cuarteles que tiene el Instituto Armado en la provincia sentó como una bofetada en los municipios que estarían afectados –Beariz, San Cristovo, Vilamarín, Nogueira de Ramuín, Esgos, Maceda, Vilar de Barrio, Trasmiras, Cualedro, Calvos, Lobeira, Padrenda, Cortegada, Riós, A Gudiña, A Veiga, Ramiras, Riós y Bande–. Los alcaldes defienden sin fisuras la permanencia de los agentes: "Si cierran el cuartel, cuando tal nos quedamos sin servicios. Pondré todos los medios para que continúe abierto", aseguró el regidor de Trasmiras, Emilio José Pazos.
Su homólogo en Bande, José Antonio Armada, recordó que el cuartel "es un servicio más de los pocos que nos quedan. Si lo cierran, entonces apaga y vámonos", ironizó en clara referencia a la falta de iniciativas para fomentar el asentamiento de población en el rural.
La mayor parte de los alcaldes argumentan que colaboran con la Guardia Civil para mantener abiertas sus instalaciones. "En Cualedro, el cuartel es importante porque estamos en un paso fronterizo, que puede ser aprovechado por los delincuentes para perpetrar delitos. La presencia de los agentes da seguridad", recordó el alcalde de este municipio, Luciano Rivero.
No solamente los alcaldes afectados por la iniciativa se posicionaron radicalmente en contra. La Dirección General de la Guardia Civil cerró hace tres años las instalaciones que tenía en A Mezquita. Su regidor, el nacionalista Rafael Pérez, recuerda que la marcha de los guardias civiles fue una pérdida. "Agora nos atenden desde A Gudiña. Si tamén o cerran, pois nos deixan sen ningunha seguridade. O cuartel de Verín, que sería o que quedaría, está a máis de 50 kilómetros", lamentó.
Desmantelamiento del rural
Todos los regidores consultados se mostraron en contra de la petición. Y su postura fue apoyada por el presidente de la Federación Galega de Municipios y provincia (Fegamp) y alcalde de O Barco, Alfredo García, quien recordó que primero "fueron las escuelas, ahora son los cuarteles y mañana puede ser que cierren los centros de salud y se vaya el médico", dijo, puntualizando que habría que analizar caso por caso, "pero si queremos que la gente resida en el rural debemos darles servicios y la seguridad es uno de ellos", aseveró.
La Unión de Guardias Civiles planteó concentrar todos los agentes en 13 cuarteles, para disponer de más recursos humanos para prestar servicios y atender a la población. También alegan que se ahorraría dinero a las arcas públicas en el mantenimiento de los cuarteles que serían cerrados.
Este argumento no tiene ningún sentido para el secretario provincial del PSOE y alcalde de Amoeiro, uno de los municipios afectados al cerrar las instalaciones de Tamallancos (Vilamarín). "No podemos permitir que se cierre el cuartel cuando llevamos tiempo luchando para potenciarlo, dado que cubre una zona amplia. Además, los servicios en el rural ya están en precario como para renunciar a lo que quedan", explicó.
La subdelegación del Gobierno insistió ayer en no valorar la iniciativa planteada por el colectivo de guardias civiles.
