RÍOS | OURENSE

Frente social e institucional para cuidar el Barbaña

Los asistentes, durante la reunión en la Subdelegación del Gobierno.
photo_camera Los asistentes, durante la reunión en la Subdelegación del Gobierno.

Afonso propone una comisión periódica y la Hidrográfica intensifica el proyecto de 16 millones

Instituciones y representantes de colectivos vecinales y ecologistas se reunieron ayer en la Subdelegación del Gobierno para abordar el problema de contaminación del río Barbaña, un encuentro que puso sobre la mesa la necesidad de constituir un frente común social e institucional para frenar las agresiones al río.

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González Afonso, fue el promotor de la reunión, en la que estuvieron representados Confederación Hidrográfica Miño-Sil, los concellos de Ourense y San Cibrao, la Diputación, la Xunta, la Confederación de Empresarios de Ourense, la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao, la asociación Ríos Limpos y la asociación de vecinos Barbaña.

Durante el encuentro, Afonso propuso la creación de una comisión permanente para establecer sinergias y coordinar a todos los presentes para encontrar soluciones concretas al problema de contaminación del Barbaña.

Por su parte, el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, José Antonio Quiroga, informó sobre el proyecto en marcha desde el pasado verano, que prevé una inversión de 16 millones como "solución inicial" y que en febrero "dará un salto cualitativo, entrando en una segunda fase a mediados de año", añadió Quiroga, que apeló al resto de instituciones para ejercer una labor de "concienciación", algo a lo que todos se mostraron dispuestos.

Ríos Limpos y la asociación de vecinos Barbaña pidieron "soluciones a corto plazo y que el trabajo sea dinámico y coordinado". 


Espina y Delfín sigue en la depuradora de San Cibrao


La empresa Espina y Delfín continuará gestionado la estación depuradora de aguas residuales de San Cibrao, al ser la compañía con mejor puntuación en el concurso convocado por la Diputación de Ourense, que asumió la gestión de la infraestructura en el verano de 2017.

El anuncio de adjudicación, publicado en el boletín europeo, fija un coste de algo más de 343.000 euros por cada año de contrato, estableciendo el pliego un mínimo de dos.

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