La mayor parte de los concellos de la provincia cuentan con ordenanzas del siglo pasado y regímenes sancionadores para los actos incívicos que piden adaptarse a los tiempos; algo ya en marcha en varios municipios.
El mapa provincial de sanciones por actos incívicos tiene en la capital la cuantía más baja, situada en "los 30 euros para las sanciones más leves, relativas a dejar cacas de perro en las aceras o tirar papeles u otros objetos al suelo en lugar de a la papelera o el contenedor correspondiente", según explica César Fernández, técnico del servicio de limpieza de la ciudad de Ourense. Estas sanciones leves pueden dispararse, de todas formas, hasta los 300 euros, dependiendo de la gravedad. Para otro tipo de actos incívicos, como orinar en la vía pública, "se contemplan entre 300 a 600 euros", añade, mientras la correspondiente a la rotura de mobiliario urbano se dispara a entre 1.500 y 2.000 euros.
El Concello de Ourense registró en 2017 un total de 10 infracciones "por realización de necesidades en vía pública", así como otras seis correspondientes a vertidos de residuos, tres por pintadas en inmuebles públicos y 121 infracciones contra la seguridad ciudadana, según los datos suministrados por el gabinete de prensa.
El concejal de Medio Ambiente, José Araújo, avanza que "estamos trabajando en la modificación de la actual normativa para adaptar a los tiempos la parte sancionadora y especificar mucho más la multa por cada acto incívico". El borrador de esta nueva normativa ya está perfilado y en breve se dará a conocer a los grupos de la oposición para que aporten sus ideas.
En O Barco, donde el año pasado se tuvieron que gastar, tan sólo en reparar los daños causados por actos vandálicos contra contenedores y papeleras más de 4.000 euros, el abanico de sanciones va desde los 100 a los 3.500 euros. En este momento está a exposición pública una nueva ordenanza que plantea, entre otras, registrar el ADN de los perros para investigar a quien pertenecen las cacas de los canes. La edil de Saneamento e Limpeza, Alicia Álvarez, señala que esperan "que la gente aporte sus ideas" a esta nueva ordenanza.
El edil de Medio Ambiente en Allariz, Bernardo Varela, reconoce la existencia de un problema con los excrementos caninos que, en los últimos tiempos, proliferan. La sanción es de 60 euros, por entenderse como infracción leve -como en el caso de orinar en la calle-, aunque "é difícil multalos si non se lles pilla in fraganti", señala. En el caso de los actos vandálicos, se "dirimen no ámbito xudicial", apunta; el gasto municipal en este apartado es de 3.000 euros anuales.
Igual sanción que en Allariz contemplan en Celanova para quien no retire excrementos de perros u orine en las calles, 60 euros, mientras que los daños en el mobiliario urbano "dependen del valor de lo destrozado", señala el alcalde de la localidad, José Luis Ferro. El año pasado hubo tres denuncias por este último aspecto, dos por cacas de perro y una por orinar en la calle.
En Carballiño, las sanciones se gradúan como en el resto de concellos de la provincia en leves (de 300 a 750 euros), graves (de 751 a 1.500) y muy graves (de 1.501 a 3.000). Exactamente este mismo baremo tienen en la localidad de Xinzo de Limia, correspondiendo el primer tramo a sanciones referentes a tirar papeles al suelo o no recoger las deposiciones de los canes y los dos siguientes (graves y muy graves) a los actos vandálicos (rotura de farolas, de contenedores o chirimbolos urbanos). "Esta normativa está previsto que se modifique este año para especificar un poco más las sanciones y también para adaptarla a la nueva ley de Protección y Bienestar de los Animales de Compañía de Galicia", explica Manuel Cabas, concejal de Medio Ambiente. "También queremos incluir el tema del botellón y sus residuos", añade el edil.
Xinzo se une a O Barco y Ourense, entre otros, en el afán por actualizar la normativa en este ámbito.
