El interventor apunta su "disconformidad" con la propuesta del gobierno local para el personal
La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Concello de Ourense, condición indispensable para poder aprobar unos presupuestos municipales, tal y como ha repetido en numerosas ocasiones el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, continúa atascada. La Concejalía de Personal, que dirige Flora Moure, trabaja para adecuar el contenido de su propuesta y recibir el visto bueno del interventor municipal, Gonzalo Alonso, quien reiteró en un nuevo informe, con fecha de 2 de junio, su disconformidad con la RPT, que ve "deficiente en su configuración y con incongruencias, incumpliendo la propia normativa del Concello". Alonso organiza en tres apartados sus reparos a la propuesta del gobierno local.
En primer lugar, expone que existe una "deficiente configuración de los puestos de trabajo para regularizar el personal laboral indefinido", poniendo en cuestión 41 fichas de puestos de trabajo de la propuesta de RPT trasladada desde la Concejalía de Personal.
En este punto, destaca que existen fichas en la escala de administración especial sin justificación en el expediente; fichas de puestos de trabajo para los que se contemplan unos requerimientos específicos discordantes con el reglamento de la RPT; fichas que regulan la jornada de trabajo en el apartado de "observaciones" en vez de en "otros requisitos"; grupos de
adscripción discordante con el nivel de titulación requerida; asignaciones de puestos a servicios incongruentes a los que figuran en sus nóminas mensuales; puestos superfluos o prescindibles; reservas indebidas de empleos a personal laboral y amortizaciones sin declaración judicial expresa.
El segundo apartado en el que se centra el interventor municipal es en la "incongruencia y desconexión de la estructura organizativa en el marco presupuestario". Precisamente, una de las razones que llevó al gobierno municipal a adaptar la RPT es la necesidad de que cada puesto de trabajo tenga una dotación económica, según recoge la Lei de Emprego Pública de Galicia. Esto ha generado discrepancias entre gobierno local y el interventor, que concluye que no es capaz de constatar una correlación entre los puestos de trabajo y los créditos presupuestarios en los términos formulados por la Concejalía de Recursos Humanos.
En este sentido, enlaza con su tercer razonamiento para cuestionar la RPT del Concello, entendiendo que es incompatible la normativa interna municipal, en particular el reglamento de la RPT aprobado en 2012, que señala en su artículo 16 que la dependencia jerárquica concretará el puesto desde el que se dicten las órdenes de servicio que se deban ejecutar. "Incumple las normas de manera clara y evidente", concluye Gonzalo Alonso.
