TRIBUNALES

La instrucción del caso contra Rogelio Martínez llega al final

La Audiencia acaba de confirmar la apertura de juicio oral por malversación y la prestación de fianza

Rogelio Martínez fue delegado de la Xunta hasta 2015.
Rogelio Martínez fue delegado de la Xunta hasta 2015.
La instrucción del caso contra Rogelio Martínez llega al final

La Audiencia provincial acaba de dar vía libre definitiva para sentar en el banquillo de los acusados al exdelegado de la Xunta Rogelio Martínez, por un delito de malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental a la hora de gestionar fondos europeos durante su etapa como alcalde de Arnoia, cuando ostentaba la presidencia del grupo de acción local Ceivam. Junto al político del PP figuran como imputadas otras 10 personas: Pablo Fernández Loureiro (responsable administrativo y financiero de Ceivam), Juan Emilio Aparicio Estévez (gerente de Ceivam), Gumersindo Alvarez Martínez (representante legal de Covelo SL) y Gumersindo Alvarez Rodríguez (representante de Actuar S.L.), el ingeniero Miguel Reza, Alfredo Lázaro Gutiérrez, Severino Veira, Ramón Souto, Adrián Souto y María del Carmen Gallego. Los cinco últimos comparecen por supuestas irregularidades en el dinero obtenido a través de Ceivam para distintos talleres artesanales para la elaboración de cerámica, forjas, pan, madera y orfebrería. Según el juzgado instructor, cobraron dinero público para unas obras que no se ejecutaron conforme a los proyectos presentados.

Los hechos son de hace 18 años

La larga tramitación del proceso judicial -los hechos enjuiciados se remontan a 1999 y la denuncia del BNG, que después se retiró del proceso, se interpuso el 28 de septiembre de 2006- trufada de dilaciones, sobreseimientos y reaperturas varias, concluye con el auto de la Audiencia de 22 de diciembre de 2017. La sala desestimó el recurso contra la decisión del Juzgado de Instrucción de Ribadavia acordando la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado para dar vía libre a la apertura del juicio oral.

En su resolución, los magistrados confirman, de esta forma, la fianza interpuesta en julio de 2017 por el juzgado de forma solidaria entre los acusados "para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles". Esto es, 54.199 entre Martínez, Pablo y Juan Emilio mientras que 52.000 entre Álvarez Martínez y Álvarez Rodríguez.

Los hechos que serán enjuciados por la sección segunda de la Audiencia se remontan a finales de 1999. En ese momento, el empresario Gumersindo Álvarez Rodríguez, en calidad de administrador de Actividades Culturales y Turísticas de Arnoia S.L. (Actuar), pidió a Ceivam una subvención para construir una planta de biomasa en Arnoia, con proyecto de Miguel Reza, con cargo a un programa sufragado con fondos de la UE (Leader II). Álvarez presentaba un presupuesto de algo menos de 80.000 euros -13 millones de pesetas- y solicitaba una subvención por la mitad. Los trabajos y la maquinaria necesaria para la planta fueron certificados por el director de la obra, indica la acusación popular, ejercida por la Asociación para o Progreso do Ribeiro, ligada al PSdeG local.

Pero la obra y la adquisición de maquinaria, según se recoge en el escrito de calificación, nunca llegó a realizarse tal cual el proyecto. En vez de una planta de biomasa - alega- se edificó un galpón en un monte que el Concello de Arnoia había adquirido poco antes a tal efecto, y cuya reforma fue encargada a la firma Covelo SL Proyectos y Contratas, propiedad de Álvarez Martínez. Por su parte, Rogelio Martínez, entonces alcalde, certificó los proyectos y el pago de las subvenciones.

Mientras que la Asociación para o Progreso do Ribeiro pide penas de prisión de hasta 17 años de cárcel para el exdelegado de la Xunta por falsedad en documento público (seis años), fraude de subvenciones (cinco) y malversación de fondos públicos (seis años), además de penas de inhabilitación para cargo público y multas.

El ministerio fiscal, por su parte, mantuvo desde un primer momento la prescripción de los hechos relativos a la falsedad de certificados y el fraude de subvenciones.