La galopante crisis económica que trajo consigo el covid, la guerra de Ucrania, la inflación y la subida de los tipos de interés está pasando factura al eslabón más débil del sector empresarial, los autónomos. Personas físicas y jurídicas insolventes que en un momento dado no pueden reflotar su economía o negocio. Una deuda les lleva a otra y así sucesivamente hasta verse ahogados por las facturas y los acreedores. A nivel judicial, existe el mecanismo de la segunda oportunidad para conseguir el perdón de las deudas, activando la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), un instrumento de tramitación judicial que se vio afectado por la reforma concursal, vigente desde el 26 de septiembre del pasado año. Sobre todo, agiliza los trámites en caso de que no exista patrimonio (concurso sin masa o activos) para hacer borrón y cuenta nueva cuanto antes, es decir, posibilita una recuperación más temprana del concursado. Siempre y cuando el juez no aprecie mala fe en el deudor. En caso contrario, responderían con todos sus bienes, presentes y futuros.
El Juzgado de Instancia 4 (Mercantil) de Ourense ha concedido en lo que va de año 38 exoneraciones de deuda en estos 10 primeros meses del año (en 2022 ninguno). Seis de ellas con liquidación de masa (exoneración total de la deuda) y 32 a través de un plan de pagos, en las que se exonera parcialmente al deudor, una especie de quita. Son casos en los que los empresarios no han sido sancionados con resoluciones firmes por infracciones muy graves de carácter tributario, laboral o de Seguridad Social en los diez años anteriores, o con derivaciones de responsabilidad en ese tiempo.
