La juez reconoce que el exacalde pudo haber hecho desaparecr documentos y objetos comprometedores.
El sumario de la Operación Pokemon vuelve a sacudir a la clase política. El levantamiento de secreto sobre otros 30 tomos hace temblar los cimientos en Lugo y Santiago y saca de nuevo a la luz la relación de decenas de ingresos en efectivo - sin "aparente justificación" según el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) y la propia jueza instructora, Pilar de Lara- que el exalcalde Francisco Rodríguez y su compañera, Mercedes Astorga, efectuaron en varias cuentas bancarias entre 2007 y 2012, hasta sumar 283.785,81 euros. Un atestado de los agentes, tras la investigación realizada en las cuentas bancarias de ambos, fue determinante para imputar al exregidor y a su compañera los presuntos delitos de blanqueo de capitales.
El atestado de los agentes del SVA, de mayo de 2013, contabiliza numerosos ingresos de "origen desconocido", que le llevan a concluir que ambos, Rodríguez y Astorga, "manejan todos los años unas cantidades importantes de efectivo, que se van ingresando de forma fraccionada en las cuentas bancarias de las que son titulares" y siendo pocos los casos en que las imposiciones "sobrepasan la cantidad de los 3.000 euros", el límite a partir del cual, recalca el atestado policial, están obligados a identificar a la persona que realiza la imposición.
Al final, el informe concluye que se desprende "indiciariamente" que al menos parte del dinero "presuntamente procedente del cobro de comisiones y sobornos a cambio de la concesión de contratos públicos" en el Concello por parte del exalcalde, "se ha introducido en el circuito legal a través de frecuentes pagos en metálico e ingresos en efectivo de forma fraccionada en las cuentas bancarias de su titularidad". Y señala, además, que su compañera "ha sido partícipe y colaboradora necesaria que, conociendo el origen ilícito de estos fondos, ha consentido y colaborado en la ocultación" de los mismos.
Ese mismo mes, un extenso auto de Pilar de Lara estima que el entonces alcalde de Ourense no sólo se habría beneficiado ilícitamente de las empresas del grupo Vendex -por el que se destapó la Operación, centrada en el pago a políticos a cambio de concesiones de servicios-, "sino que existirían indicios para pensar que habría tratado de beneficiar a las empresas del grupo Aquagest", donde trabaja Mercedes Astorga. La jueza abunda en este detalle y llega a concluir que "es una de las tónicas de Aquagest la contratación de personal próximo" a los políticos de municipios donde tiene "intereses contractuales". En Ourense, el caso sería más "grave" porque la esposa del que fue delegado de la empresa, Henry Laíño, fue a su vez contratada en el Concello como responsable de recursos hídricos.
Ocurre que el propio Laíño reconoció, según el auto judicial, "estas relaciones y entramados, admitiendo igualmente haber pagado varios gastos de viajes y establecimientos hosteleros" al exalcalde, "algunos de ellos en establecimientos de cinco estrellas", como fue el caso de un balneario en Asturias; y "ello sin descartar que haya podido percibir dinero también de esta empresa".
El auto judicial suscribe en su totalidad las conclusiones del atestado policial,que es la base para ordenar el registro de los inmuebles de Rodríguez y Astorga para descubrir su posible implicación en los delitos de cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, violación de secretos, prevaricación y blanqueo de capitales.
Este auto, de 13 de mayo del año pasado, ordena el registro de las propiedades del exalcalde y de su compañera para sólo dos días después y justifica por qué no se efectuó ocho meses antes, cuando el primero fue detenido cuando salía de su domicilio para desplazarse al Concello. "En tales momentos se desconocían datos que ahora se han recabado, que no sólo permiten la imputación de Francisco Rodríguez como autor de un delito de blanqueo de capitales" sino también la de su compañera, "de la que anteriormente no se sospechaba su participación delictiva, al menos directamente".
Reconoce la jueza que el paso del tiempo "ha podido poner sobre alerta a los investigados, que podrían haberse deshecho de documentación y efectos comprometedores". Pero no por ello, argumenta, debe dejarse de practicar ese registro, que se efectuó sobre las casas de los imputados, tanto en Ourense como en Verín y Castrelo do Val.
