Vuelve a pedir facturas basándose en declaraciones del exgerente del PP
La juez Pilar de Lara, titular del Juzgado de instrucción número 1 de Lugo, ha emitido un auto en el que pide nueva documentación a varias empresas ourensanas en relación a la investigación que lleva a cabo sobre una posible financiación ilegal del PP en Ourense. El auto, con fecha del pasado lunes, día 9, y notificado ayer a las partes, solicita ampliación de los datos que algunas de estas empresas ya facilitaron a la magistrada en virtud de anteriores escritos judiciales.
La investigación parte de las declaraciones ante la jueza del exgerente del PP ourensano Emilio Pascual (en conflicto con el partido a raíz de su sustitución como gerente) quien manifestó la existencia de una supuesta contabilidad b en el PP y afirmó que era conocida por el expresidente del partido, José Luis Baltar. A raíz de esas declaraciones, de lara recabó diversa información contable en empresas de Ourense que, según Pascual, habrían sido utilizadas para dar salida al dinero en efectivo que se recibía de otras empresas en la sede del PP, gastos que casi siempre se correspondía con gastos electorales y a nombre de particulares. Las declaraciones de Pascual,sobrelasque declara basa su instrucción, han sido ya contestadas por los supuestos implicados y por el propio PP ourensano, que ha emprendido acciones legales contra el ex gerente.
En esta ocasión, el auto de la jueza del lunes pide a Telemiño facturas emitidas desde el 2003 a nombre del Grupo Municipal Popular y Viaqua, así como todos los datos sobre la relación comercial entre ambas partes. Los responsables de Telemiño ya manifestaron en su día su disposición, y así se lo ofrecieron a los agentes del servicio de Vigilancia Aduanera, a ampliar voluntariamente la entrega de la información solicitada por la jueza (pese a no tener obligación legal de conservarla por el tiempo transcurrido) en aras a contribuir a esclarecer con la mayor diligencia posible los hechos investigados.
A la empresa de publicidad Nacher, de lara le solicita las facturas emitidas desde ese mismo año al Partido Popular.
Por otra parte, en el auto solicita también datos a la empresa La Región S.A., sobre sus facturas a Extraco S.A., Aquagest S.A., Procedimiento de Aseo urbano s.A., Grupo europeo de servicios Doal S.A., Partido Popular, Jackeline Elisabeth Fernández Macías, Carmen Leyte Coello, Francisco José Fernández Pérez y Ana Belén Vázquez Blanco, en todos los casos desde el año 2003 hasta la actualidad. En autos anteriores había solicitado también información a otra empresa de publicidad, Planos.
Por último, el auto recuerda que las partes personadas en el caso pueden interponer recurso de reforma o previo de apelación contra el mismo.
Con respecto a estas solicitudes, la dirección del Grupo la región reiteró ayer, como ya hizo en su día, su disposición a facilitar toda la información de la que dispone para disipar cualquier sospecha sobre su actividad, desmintiendo tajantemente su participación en ningún tipo de financiación ilegal, al tiempo que se reserva las acciones legales a su alcance para defender su honorabilidad y resarcirse de los perjuicios que puedan causarle las falsedades y acusaciones infundadas que pongan en cuestión el lícito ejercicio de su actividad.
