Los conflictos urbanísticos heredados del gobierno de Manuel Cabezas no cesan. Ahora, una particular reclama al Concello una indemnización de 670.252 euros por daños y perjuicios tras haberle concedido, en mayo de 2003, cuando gobernaba el exalcalde, una licencia de obra para su vivienda unifamiliar, que posteriormente fue anulada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La junta de gobierno local tuvo conocimiento ayer de esta reclamación patrimonial, cuya cuantía es cuantificada por la solicitante en 420.252 euros por las obras de la vivienda y 250.000 euros más por daños morales.
El gobierno de Manuel Cabezas concedió la licencia a esta particular en la comisión de gobierno del 7 de mayo de 2003. Cuando ya había acondicionado la finca, ubicada en la carretera de Velle, y construido el cierre perimetral y la vivienda unifamiliar, la Consellería de Política Territorial requirió al Concello la revisión de la licencia por no adecuarse a la legalidad, puesto que la casa estaba edificada en suelo rústico. Este requerimiento fue rechazado por el Concello, decisión que la Xunta recurrió en el Juzgado. En diciembre de 2008, una sentencia condenaba ya a la institución local a tomar las medidas necesarias para reponer la legalidad urbanística vulnerada, lo que implicará la demolición de la vivienda.
Según la resolución del Tribunal Superior de Xustiza, la licencia no debió ser concedida, ya que su solicitud tendría que estar vinculada a una explotación agropecuaria y, sin embargo, el solicitante no acreditó condición de agricultor, ni tampoco consta que existiese una explotación agropecuaria, ni tampoco las características de la edificación proyectada correspondían a las de una vivienda dedicada a los fines previstos en el Plan Xeral, dado que era suelo rústico.
Esta última reclamación patrimonial al Concello coincide precisamente con un nuevo episodio en el periplo judicial que protagonizan los vecinos del edificio ubicado en los números 1 y 3 de Arturo Pérez Serantes desde que el Tribunal Superior de Xustiza anulara su licencia de ocupación, concedida en diciembre de 1999, también durante la gestión de Manuel Cabezas. En esta ocasión, el Tribunal Superior desestimó el primer plantamiento de inejecución de la sentencia que obligaba a derribar parte del inmueble. Sin embargo, y a pesar de esta decisión negativa, deja abierta la resolución del conflicto al advertir en sus fundamentos de derecho los pasos necesarios para que la Justicia pueda llegar a admitir posteriormente la inejecución de la sentencia de derribo, un informe urbanístico que acredite que los usos a los que se dedica el edificio son compatibles con las previsiones del planeamiento municipal.
Una vez realizado este informe, el Concello volverá a pedir que no se ejecute el fallo judicial.
Según la resolución del Tribunal Superior de Xustiza, la licencia no debió ser concedida, ya que su solicitud tendría que estar vinculada a una explotación agropecuaria y, sin embargo, el solicitante no acreditó condición de agricultor, ni tampoco consta que existiese una explotación agropecuaria, ni tampoco las características de la edificación proyectada correspondían a las de una vivienda dedicada a los fines previstos en el Plan Xeral, dado que era suelo rústico.
Esta última reclamación patrimonial al Concello coincide precisamente con un nuevo episodio en el periplo judicial que protagonizan los vecinos del edificio ubicado en los números 1 y 3 de Arturo Pérez Serantes desde que el Tribunal Superior de Xustiza anulara su licencia de ocupación, concedida en diciembre de 1999, también durante la gestión de Manuel Cabezas. En esta ocasión, el Tribunal Superior desestimó el primer plantamiento de inejecución de la sentencia que obligaba a derribar parte del inmueble. Sin embargo, y a pesar de esta decisión negativa, deja abierta la resolución del conflicto al advertir en sus fundamentos de derecho los pasos necesarios para que la Justicia pueda llegar a admitir posteriormente la inejecución de la sentencia de derribo, un informe urbanístico que acredite que los usos a los que se dedica el edificio son compatibles con las previsiones del planeamiento municipal.
Una vez realizado este informe, el Concello volverá a pedir que no se ejecute el fallo judicial.
